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Alto Comisionado de la ONU registró "18 casos de desapariciones forzadas" en Venezuela durante 2023

La alta comisionada adjunta, Nada Al Nashif, expresó "profundo pesar por la decisión del Gobierno de Venezuela de suspender las actividades de nuestra Oficina". Llamó a las autoridades venezolanas a abstenerse de aprobar el proyecto de Ley que fiscaliza a las Organizaciones No Gubernamentales. También calificó al Acuerdo de Barbados como un paso "positivo" para establecer condiciones libres y transparentes para los próximos comicios presidenciales, a la par que exigió su cumplimiento pleno

La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU documentó y denunció 18 casos de desaparición forzada en Venezuela durante el año 2023, "llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad".

La alta comisionada adjunta, Nada Al Nashif, informó que "estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas/ semanas" y que además "la oficina ha recibido denuncias de malos tratos infligidos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia, algunas de las cuales podrían constituir tortura".

Por otro lado, expresó "profundo pesar por la decisión del Gobierno de Venezuela de suspender las actividades de nuestra Oficina. Estas medidas son incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada entre el Gobierno y mi Oficina" y precisó que espera que la oficina sea reanudada prontamente.

Me preocupan los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos o restricciones en su acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en manifestaciones sociales. Las personas defensoras de derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas, entre ellas Javier Tarazona y Rocío San Miguel", expuso Al Nashif.

La Alta Comisionada también llamó a las autoridades venezolanas a abstenerse de aprobar el proyecto de Ley que fiscaliza a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y destacó su angustia por estas actuaciones a pocos meses de los comicios presidenciales.

"Venezuela entra en un ciclo electoral... me preocupan mucho las medidas para restringir el espacio democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización partidos de oposición. Los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse. Reitero los llamados anteriores para que los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos", dijo.

También calificó al Acuerdo de Barbados como un paso "positivo" para establecer condiciones libres y transparentes para los próximos comicios presidenciales, a la par que exigió su cumplimiento pleno.

El encuentro contó con una representación diplomática de Paraguay que habló en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Ecuador y Guatemala: "Nos preocupa la restricción del espacio cívico de cara a las elecciones y las detenciones".

"Nos preocupa la restricción del espacio cívico de cara a las elecciones y las detenciones. Destacamos la importancia de respetar el derecho a la participación electoral para el ejercicio pleno de la democracia", expuso Paraguay.

Respuesta del Gobierno venezolano

Venezuela envió una representación a la reunión del Alto Comisionado de la ONU, que expuso "no se puede hablar de DD. HH. sin hablar de las medidas coercitivas".

"El alto comisionado pudo constatar la realidad del país y reunirse con todos los sectores. Esta presentación oral viene con el apoyo de países que instrumentalizan los derechos humanos. El equipo de la oficina se alejó de sus funciones y mandato de imparcialidad favoreciendo a grupos golpistas. Llama la atención de que no se haya pronunciado contra las denuncias de golpe de Estado", dijo la representación del país suramericano.

La delegación venezolana, por otro lado, acusó a la Oficina de difundir información falsa y no verificada. Asegura que se está re negociando un nuevo acuerdo para la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

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