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Juez español anula multa a Airbnb por albergar pisos sin licencia

Un juez de Barcelona anuló una multa de 30.000 euros del gobierno regional de Cataluña contra la plataforma Airbnb por anunciar apartamentos sin la licencia correspondiente, una primera victoria judicial en las varias sanciones recibidas en España.

En una sentencia publicada el 29 de noviembre y difundida este lunes por la compañía, el juez explica su decisión por el vacío legal respecto a la regulación de la economía colaborativa en España.

“Existe una orfandad en la regulación de este nuevo fenómeno de consumo (…) que no puede ser suplido con la imposición de una sanción”, señala el magistrado al aceptar el recurso presentado por Airbnb.

El gobierno de Cataluña, la región más turística de España, multó en julio de 2014 a la plataforma por incluir en su web anuncios de pisos que no disponían de la licencia necesaria para ser utilizados con fines turísticos.

El juez reconoce que Airbnb “no es meramente un tablón de anuncios electrónico” sin ninguna responsabilidad sobre las operaciones que en él se producen, también señala que la compañía estadounidense “no comercializa alojamientos turísticos” y su actividad “no es propiamente el manejo o gestión o utilización de elementos, personas o bienes afectos a la explotación turística”.

Airbnb “realiza una actividad económica específica no regulada en términos tales que pueda afirmarse que se infringe la normativa de modo flagrante”, concluye la sentencia, que puede ser recurrida por el gobierno regional catalán.

Para la compañía estadounidense, esta decisión “es clave” para los otros casos que tiene abiertos la compañía en esta región pues “esta multa allanó el camino a otras administraciones para tomar acciones contra Airbnb”.

“Esperamos que esta decisión genere una nueva conversación sobre cómo podemos trabajar juntos” con la administración, añadió en un comunicado.

A finales de noviembre, el ayuntamiento de Barcelona, en plena cruzada contra la saturación turística de la ciudad, anunció un expediente que debe culminar en una multa de 600.000 euros contra esta plataforma y Homeaway, que en 2015 ya recibieron sanciones de 30.000 euros.

Airbnb, con problemas legales en otras ciudades como Nueva York, San Francisco o Berlín, anunció que presentará un recurso contra esta decisión.

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