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Venezuela amplía su canal de denuncias sobre violaciones de DD. HH. con ayuda de Unicef

La Defensoría recibió esta semana "unidades de telefonía y computación que se usarán para la línea telefónica". La institución venezolana había firmado un acuerdo con el organismo firmaron un acuerdo para fortalecer los sistemas de protección de niños y adolescentes

La Defensoría del Pueblo de Venezuela, gracias a la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ampliará la capacidad de atención de su línea telefónica para la recepción de denuncias sobre violaciones a derechos humanos, informó este viernes el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A través de su página web, el medio público explicó que la Defensoría recibió esta semana "unidades de telefonía y computación que se usarán para la línea telefónica", con lo que espera "dinamizar la recepción de las denuncias y dar orientaciones en materia de derechos humanos"

El ombudsman venezolano, Alfredo Ruiz, dijo, citado en el escrito, que este año "ha habido mayor atención de personas" que acuden a la institución "a presentar alguna denuncia, queja por vulneración de derechos" o para solicitar "alguna orientación".

Además de la línea telefónica que fue creada en 2009, la Defensoría también recibe denuncias a través de Whatsapp, correo electrónico y redes sociales como Instagram y X (antes Twitter) con el objetivo de impulsar la "promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos".

En junio pasado, la institución venezolana y Unicef firmaron un acuerdo para fortalecer los sistemas de protección de niños y adolescentes, especialmente en temas como la migración y las responsabilidades penales de los menores, reseñó El Carabobeño.

A finales del pasado enero, el alto comisionado de Derechos Humanos de ONU, Volker Türk, pidió a las autoridades, durante una visita a Venezuela, "dar pasos significativos hacia la reforma de los sectores de justicia" y "poner fin a la tortura de una vez por todas".

Entretanto, la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó en junio continuar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, al considerar que los "procesos penales internos" de Venezuela "no reflejan suficientemente el alcance" del caso y hay "periodos de inactividad inexplicables".

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