Trabajadores venezolanos conmemoran su día con exigencias de mejoras salariales

Este 1° de mayo se celebra otro Día del Trabajador en Venezuela, una fecha marcada por reclamos acumulados, pero en esta ocasión cargada de más optimismo que en años anteriores, pues las reuniones en el marco del Foro de Diálogo Social tripartito, que se desarrollaron esta semana con la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), devolvieron a los sindicalistas la esperanza de que se puedan atender las solicitudes que durante años centran las protestas de los trabajadores del país.

La situación laboral sigue siendo compleja, especialmente en el sector público, según la opinión de los representantes de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep). Mientras que las empresas privadas se esfuerzan por ajustar el ingreso de sus trabajadores a la realidad del país, aunque no lo logren todas, la administración pública se mantiene ensombrecida por un escenario que, si bien es menos gris tras el reciente aumento salarial y las conversaciones con la observación de la OIT, continúa siendo dramática, especialmente en casos como el de los pensionados y jubilados, reseñó El Pitazo.

Luego de la entrada en vigencia, el pasado 15 de marzo, del incremento del salario mínimo obligatorio, el ingreso mínimo de los trabajadores se ubica en aproximadamente 40 dólares, al sumar el sueldo mínimo de 130 bolívares con el bono de alimentación correspondiente a 45 bolívares. Este monto contrasta con el valor de la canasta alimentaria que según el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) se ubicó en el mes de marzo en 2.115,5 bolívares o 471,16 dólares.

Esto quiere decir que para adquirir los productos de la canasta alimentaria familiar para una familia de cinco personas, un trabajador debe ganar 16,27 salarios mínimos, es decir, 70,51 bolívares o 15,70 dólares diarios, de acuerdo con este organismo. ¿Cumplen con esas condiciones los trabajadores públicos y privados del país?

¿Qué pasa en el sector público?

Para el presidente de Fedeunep, Antonio Suárez, el 1° de mayo no es un día para celebrar pues la caída de los ingresos y condiciones de vida de los trabajadores es importante. Sin embargo, resalta que en esta oportunidad hay unas características especiales porque hay una apertura, que si bien es poca, le otorga más optimismo con relación a los reclamos que realizan ante el Ejecutivo nacional.

Además de los salarios, Suárez cuestiona elementos como el instructivo de planificación del sector público que aborda las convenciones colectivas, pues asegura que viola la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, porque si bien las escalas salariales son competencia del Ejecutivo, contiene limitaciones a las cláusulas que se pueden discutir en las convenciones colectivas, incluso en las que ya están pactadas y sobre las que se puede exigir su cumplimiento.

“Por ejemplo, dice que el bono de juguetes no puede exceder de 12,50 bolívares, y todos sabemos que al final la autoridad de cada organismo se convierte en un gran Papá Noel que aprueba un monto adicional u otro beneficio, pero eso no es lo que queremos”, insistió. La petición de los trabajadores agrupados en Fedeunep es regularizar los beneficios y que no estén sujetos al “capricho” de un funcionario, indicó.

A mediano y largo plazo considera importante que las centrales sindicales aborden temas en conjunto con el fin de continuar con la construcción de acuerdos a favor de los trabajadores activos y jubilados, agregó El Pitazo.

Con relación a las exigencias del sector en el pasado, señala que hace 30 años los reclamos se dirigían a la firma de la convención colectiva, mientras que hoy la petición es el rescate de la seguridad social, las convenciones colectivas pendientes y la legitimación de las organizaciones sindicales que actualmente tienen costos que no son financiables, pues, explicó, un proceso electoral es inviable por el costo. “Eso hay que flexibilizarlo, abaratarlo porque al final somos los trabajadores y no factores políticos con ingresos extraordinarios”, señaló.

Bonificación en el sector privado

En el sector privado prevalece el fenómeno de la bonificación del salario, pues los empresarios se vieron en la necesidad de elevar las remuneraciones de sus trabajadores con el fin de mantener personal calificado. No obstante, existen mecanismos para burlar los pasivos laborales y la seguridad social, denuncia el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres.

El dirigente resaltó que si bien los salarios en el sector privado son mayores al salario mínimo y al que ofrece el sector público, tampoco cumplen con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, que señala que el salario debe ser “suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.

“Solamente están cumpliendo lo básico para la alimentación de los trabajadores, pero no hay ningún desarrollo integral y eso también abarca al sector privado. Se siente obligado a dar esa bonificación porque necesitan empleados calificados y es la manera de retenerlos”, apuntó.

A juicio de Torres, existe un fenómeno de migración de trabajadores al sector privado, pero no porque se ofrezca una protección integral. También resalta el crecimiento del sector informal.

“Los empresarios están muy lejos de contemplar las exigencias de la OIT en su filosofía de trabajo decente. Son muy pocos los que cumplen esa  filosofía donde hay un ingreso real de los trabajadores que les permitan no solo la alimentación, salud, recreación y educación de sus hijos sino tener estabilidad”, indicó.

Reclamos de los trabajadores

Más allá de un tradicional decreto de aumento de salario mínimo, el Día del Trabajador invita a reflexionar sobre las luchas sindicales que durante más de tres décadas se han desarrollado en el país con el fin de alcanzar mejoras para cada uno de los trabajadores y tras las que muchos de ellos resultaron detenidos o se vieron perseguidos en los últimos años.

Las violaciones de derechos laborales y a los convenios internacionales están a la orden del día, según denuncia el representante de los sindicatos de las empresas básicas de Guayana, Rubén González, quien esta semana aseguró que se le negó el acceso a las reuniones del Foro de Diálogo Social que se desarrollaron en un hotel del este de la capital por decisión de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

Esta acción, según dijo el sindicalista, forma parte de los atropellos de los que todavía son víctimas los trabajadores que exigen.

“El llamado es a que se le devuelvan a los trabajadores la libertad y la autonomía sindical. Ha aumentado la persecución, el encarcelamiento e incluso el chantaje y la inhabilitación de los sindicatos autónomos de los trabajadores”, reclamó González, quien hizo mención a una serie de encuentros previos a la instalación del Foro Diálogo Social que inició el pasado lunes 25 de abril en los que pudo participar y elevar propuestas.

La principal petición tanto de este representante sindical como de las organizaciones que participaron en los encuentros de esta semana es que se cumplan los convenios internacionales firmados por Venezuela en materia laboral: el número 26, relacionado con la fijación de salario mínimo; el 87, correspondiente a la libertad sindical; y el 144, referido a la consulta tripartita. Otra de las exigencias es la liberación de sindicalistas y trabajadores detenidos, de los cuales dos fueron liberados en medio de la visita de la delegación de la OIT (Rodney Álvarez y Eudis Girot).