Temen ola de invasiones yukpas en fincas productivas en Machiques
Comunidades yukpas invadieron de forma violenta la hacienda La Esperanza, en el municipio Machiques de Perijá, y las autoridades temen que la acción marque el reinicio de ocupaciones ilegales por parte de grupos indígenas de tierras privadas dedicadas a la producción de alimento para el Zulia y el país.
José Vera, dueño de la finca, ubicada en el sector El Llano de la parroquia Libertad del municipio perijanero, formalizó el pasado lunes una denuncia en contra de sujetos pertenecientes a las comunidades yukpas de Sirakta y Aroy, quienes irrumpieron en su hacienda portando armas largas y amenazando con tomar las tierras deliberadamente.
Luego de colocar la denuncia y que una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana resguardara por unas horas la finca, los sujetos armados regresaron al lugar para interrumpir las labores de la hacienda y exigir el desalojo de los trabajadores. Los uniformados lograron apaciguar la tensa situación.
Tras varias horas de discusión, el grupo indígena abandonó las tierras. Pero dejaron tres vacas muertas, se robaron el techo de dos vaqueras, talaron cinco árboles para llevarse la madera y desenterraron 600 metros de tubería de hierro dispuestas para las aguas blancas. Esos daños representan una pérdida material significativa para la finca, advirtió Vera.
Alerta oficial
Alfonso “Toto” Márquez, alcalde del municipio Machiques, expresó su alarma por la situación. Afirmó en conversación con Versión Final que no existe ley que justifique que estos grupos se metan en las haciendas, cometan actos vandálicos y generen considerables pérdidas materiales para los dueños.
Criticó que ninguna autoridad nacional reprenda a los indígenas por sus acciones violentas. Reiteró que el Gobierno Nacional tiene la mayor responsabilidad en ello, pues los han hecho ver como “intocables” para la sociedad.
Según Márquez, la Alcaldía no tiene capacidad para asumir un problema de esta índole. Remarcó que los tribunales no dan respuestas a los clamores de los ganaderos afectados y, en caso de emitir algún fallo a favor de una propiedad privada, la Guardia Nacional Bolivariana no la acata a cabalidad. Señaló que el problema de fondo es el desarrollo indígena.
