Pugna política por distribución de alimentos

El Decreto 199 establecido por el alcalde de San Francisco, Omar Prieto, ha destapado una serie de incongruencias en el panorama político regional. Analistas y politólogos manifiestan que no es competencia directa de los ayuntamientos controlar los alimentos, pero el burgomaestre tomó acciones antes de la decisión de la Gobernación, que inició un nuevo plan de distribución de regulados bajo lineamientos del Ejecutivo nacional.

El pasado 7 de marzo, Rebeca del Gallego, asesora jurídica de la Alcaldía Bolivariana de San Francisco, explicó en nota de prensa que el “199” fiscaliza y regula la actividad de los entes distribuidores desde el momento que se les da la guía hasta la distribución del producto, asimismo, establece una normativa con sanciones penales y administrativas, como la compra exclusiva con tarjeta de crédito, débito de alimentación en los comercios que expenden productos de primera necesidad.

La misma ley prohíbe la venta formal de productos de la cesta básica en “tarantines, mesas o espacios que no estén autorizados”, pero ¿cuál es la intención verdadera del alcalde Prieto con esta medida? Jesús Castillo Molleda, politólogo y presidente de la Fundación Zulia Productiva, señaló que el economista intenta demostrar que está tomando medidas contundentes para bajar las colas, “y decir que él si tiene la solución, en una coyuntura y una pugna interna que hay en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con el gobernador Francisco Arias Cárdenas. Pero eso no va a durar mucho”.

Aseguró que ningún productor o automercado puede aguantar el decomiso progresivo de sus productos, “porque se los quitan y después se los pagan como ellos quieran”. Enfatizó que la solución está en abrir los establecimientos comerciales y abastecer.

“El señor Omar Prieto tiene una sed de poder, está muy dolido por lo que pasó el 6 de diciembre en su municipio (…) hay gente en su entorno que le ha hecho creer que él puede ser el gobernador del estado Zulia, por encima de Francisco Arias Cárdenas”, sentenció Molleda.

“Otro show más”
Algunos apelan a que el decreto ha sido ejecutado con buenas intenciones, pero otros ven un escenario oscuro lleno de abusos. “Han cerrado tiendas arbitrariamente en San Francisco y están yendo contra los empresarios, se están cometiendo extralimitaciones”, señaló el periodista Darwin Chávez.

Para el también analista político todo forma parte del enfrentamiento entre el alcalde sureño y el gobernador Arias Cárdenas. “Tengo entendido que ya el gobernador le llamó al orden, pero Prieto no quiere hacer ningún caso a las instituciones”, sostuvo.

Expresó que todo forma parte de un “show más” del economista a quien exhortó a atacar “las caletas de alimentos” que según él existen en algunos barrios de la circunscripción que lidera.

Apoyo del CLEZ
Por su parte, José Luis Acosta, diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), acompañado de los concejales José Sierra, César Paredes y Emmanuel Pulgar, manifestaron este miércoles el apoyo solidario al Alcalde por haber emitido el decreto.

“En esta oportunidad el alcalde Omar Prieto está llevando a cabo un decreto que reorienta y busca darle lo más pronto posible los alimentos a los ciudadanos, atacar el bachaqueo. Igualmente lo está haciendo el Gobernador y el Ejecutivo nacional con las medidas que está tomando”, manifestó Acosta.

Puntualizó que el ataque contra el bachaqueo también debe hacerlo la alcaldesa de Maracaibo, Eveling de Rosales. “¿Por qué no elabora un decreto parecido y comienza a resolver o por lo menos a minimizar el bachaqueo en Maracaibo? Es su trabajo, para eso fue electa, para brindarle bienestar a los todos los marabinos que votaron o no por ella”.

Aseguró que ya los efectos positivos del decreto se están observando en la circunscripción porque no hay colas en los supermercados “y puedes comprar con tranquilidad”.

UNT solicita derogación
En contraposición la oposición zuliana salió al paso y denunció el accionar del decreto que para ellos deja sin oportunidad a las familias de San Francisco debido a que todo el control lo tiene la Alcaldía y los consejos comunales.

Así lo argumentó José Caldera, secretario de Participación ciudadana de Un Nuevo Tiempo (UNT), quien agregó que su despacho introdujo un documento ante la Defensoría del Pueblo para solicitar la derogación del “199”.

Aseveró que de no derogarse, ejercerán acciones contundentes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y tomarán las calles de manera pacífica para garantizar que cada una de las personas que habitan en el municipio San Francisco tenga la oportunidad de beneficiarse con los productos de primera necesidad.