Provea: Ley contra las ONG profundizará el autoritarismo en Venezuela
Rafael Uzcátegui, director de Provea, advirtió que la posible aprobación de una ley, por parte de la Asamblea Nacional electa en 2020, que atenta contra las organizaciones no gubernamentales profundizará el autoritarismo en Venezuela.
“Va a significar una profundización del autoritarismo”, manifestó en un video difundido en las redes sociales, donde señaló que la norma obligará a las organizaciones sociales a cumplir una serie de requisitos violatorios al derecho de libertad de asociación y reunión.
Indicó que el chavismo declarará oficialmente inexistentes a las ONG que no puedan registrarse por no cumplir con esas peticiones. “Para las organizaciones de derechos humanos significa una grave amenaza para continuar apoyando a la población venezolana que tanto lo necesita en este momento”, agregó.
Uzcátegui dijo que ya se anunció la intención de ilegalizar a más de 62 organizaciones sociales de Venezuela que han denunciando las violaciones de derechos humanos y que han acompañando a las víctimas. Una de las organizaciones nombradas es Provea.
“Queremos insistir y enfatizar que, a pesar de todas las adversidades y circunstancias, vamos a seguir acompañando a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y señalando claramente a sus victimarios”, aseguró el activista.
Profundización del autoritarismo.
La nueva Ley contra las ONG consolidaría el control a la sociedad en Venezuela, callando voces disidentes e intimidando a las víctimas, las más afectadas.
La defensa y apoyo en riesgo. #SociedadAmenazada pic.twitter.com/rbjWuuiRVW
— PROVEA (@_Provea) February 2, 2023
Varias ONG fijaron posición el martes 24 de enero en rechazo al Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales. Su creación la aprobó por el Parlamento de 2020, al considerar que casi todas tienen fines políticos y de desestabilización.
La ONG Acceso a la Justicia aseguró que esta norma, cuyo contenido no se ha presentado a la ciudadanía, pone a las ONG y a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica. Eso, alertó, facilitaría aún más la violación de derechos humanos.
