Organizaciones piden iniciar una investigación sobre delitos ambientales registrados en el Amazonas
En un comunicado, los activistas manifiestan su "profunda preocupación por la minería ilegal y sus repercusiones". El Parque Nacional Yapacana ha sido el lugar más afectado. Las ONG denuncian que "en la zona confluyen otras actividades ilegales que afectan los derechos y espacios pertenecientes a los pueblos indígenas"
La ONG Provea junto a otras 38 organizaciones no gubernamentales exigieron al defensor del pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, que se investiguen los delitos ambientales que, aseguran, se han cometido en el estado Amazonas, ligados a la minería ilegal.
Solicitamos respetuosamente que se ejerzan todas las acciones pertinentes para la protección de los territorios afectados o en peligro en todos los municipios de nuestro estado indígena Amazonas", dice la carta entregada por las organizaciones al ombudsman venezolano este viernes 9 de junio.
En el escrito, los activistas manifiestan su "profunda preocupación por la minería ilegal y sus repercusiones" en esa región sureña, especialmente en el Parque Nacional Yapacana, donde se han reportado innumerables detenciones e incautaciones relacionadas con la minería ilegal.
Solicitamos que se investigue la responsabilidad de los actores y demás participes, investidos o no de autoridad, en relación con los ilícitos ambientales, con la consecuente reparación de los daños causados, evitando a toda costa la impunidad y la inoperancia del Estado ante tales hechos", prosigue el texto
También, las organizaciones denuncian que "en la zona confluyen otras actividades ilegales que afectan los derechos y espacios pertenecientes a los pueblos indígenas", según información de la agencia EFE.
El narcotráfico, contrabando de combustible, trata de personas, homicidios, desapariciones forzadas, explotación sexual, robos, la contaminación, la presencia de niños y adolescentes en lugares de grupos armados y la proliferación de enfermedades y casos de desnutrición están afectando a la población, según los activistas.
Por ello, piden al Estado aplicar acciones inmediatas "para poner fin a dichas situaciones irregulares".
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