ONG contabiliza 41 violaciones a la libertad de expresión durante febrero
La ONG venezolana Espacio Público documentó 41 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela el pasado mes de febrero.
Se trata de 15 casos en los que se vieron afectadas 33 personas. De ellas, 17 eran comunicadores sociales, precisó la organización no gubernamental en su informe mensual sobre la libertad de expresión e información en el país.
Contabilizamos 33 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, entre ellas al menos 17 periodistas y/o reporteros que ejercían su derecho a comunicar y mantener informada a la población", refirió.
De los 19 victimarios, solo uno no estuvo directamente relacionado con el Estado o con el partido de gobierno; además, 8 instituciones públicas violentaron el derecho a la libertad de expresión, junto con 6 cuerpos de seguridad, 4 funcionarios del Estado y un grupo simpatizante del oficialismo, según la ONG.
El organismo hizo referencia hizo referencia a la detención de la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, el pasado 9 de febrero, reseñó El Nacional.
"No se supo de su paradero sino de manera irregular más de 72 horas después de su detención, constituyendo así otro acto de desaparición forzada", aseguró.
De igual manera denunció que funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el 2 de febrero el cierre de la emisora Onda 100.9 FM que operaba en Valencia, capital del estado Carabobo, convirtiéndose en el tercer cierre en menos de dos años que involucra a emisoras del Circuito Unión Radio en la entidad.
Las emisoras Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM, todas de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia, fueron cerradas el 23 de febrero por órdenes de una comisión de la Conatel que visitaba el estado, tras hacer “una revisión administrativa técnica”.
Los funcionarios llegaron a una de las emisoras afectadas a las 10 de la mañana y se mantuvieron “haciendo la supervisión durante todo el día” hasta que confirmaron el cierre, a las 5 de la tarde, que se produjo porque faltó uno de los documentos que exigieron, sin detallar cuál. No hubo una advertencia por parte del organismo regulador.
