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Ministerio Público acuerda medidas de protección para ABRAES de Yaracuy

A solicitud del Ministerio Público, fueron acordadas medidas de protección ambiental destinadas a tutelar, prevenir y detener daños en las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abraes) del estado Yaracuy, las cuales incluyen al Parque Nacional Yurubí, las zonas protectoras de la Sierra de Aroa y los embalses Cumaripa y Guaremal, Macizo de Nirgua, Monumento Natural Cerro María Lionza, así como las subcuencas que abastecen los cauces de más de 30 ríos y quebradas.

En ese sentido, la fiscal 6° de esa jurisdicción, María Márquez, presentó el petitorio ante el Tribunal 4° de Control de Yaracuy, instancia que acordó la prohibición de toda actividad contraria a lo establecido en los Planes de Ordenamiento y Reglamento de uso de las referidas áreas.

Entre algunas de las medidas a ser adoptadas están: la prohibición de la cría comercial y subsistencia de animales de las especies bovinas, bufalinos, porcinos, caprinos, equinos y aves de corral, las cuales deberán ser retiradas en un lapso no mayor a 45 días.

Tampoco está permitida la permanencia de ganadería extensiva y demás actividades pecuarias. También incluye a los desarrollos urbanísticos, asentamientos humanos, clubes, colonias vacacionales e instalación de establecimientos comerciales.

De igual manera, no está autorizada la deforestación, tala, aprovechamiento de especies del patrimonio forestal, incendio y destrucción de la vegetación, además de la plantación de dichas especies.

Las medidas precautelativas exhortan a organismos como la Corporación Eléctrica Nacional y Aguas Yaracuy a no instalar servicios públicos de agua potable y de electricidad en áreas no pobladas ni en las Abraes.

Por su parte, el Instituto Nacional de Tierras deberá revisar si han expedido Cartas Agrarias dentro de dichas zonas; mientras que las notarías públicas y tribunales no pueden validar documentos de compra o venta ni títulos supletorios de bienhechurías que se encuentren en estos territorios.

De tal manera, que corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana y la policía estatal a establecer puntos de control y vigilancia en las vías de acceso a estas áreas protegidas.

Es así como el Ministerio Público, sensibilizado con esta materia, continúa defendiendo los derechos de las personas a contar con hábitats adecuados y protegidos para garantizar la supervivencia de las especies y el recurso hídrico.

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