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Fiscal cree que es momento de "restructurar" las FAES, la PNB y otros cuerpos policiales

"Yo creo que es el momento de una reestructuración, no solo de las FAES, sino la PNB y varios cuerpos policiales, porque toda acción tiene una reacción“, aseguro el funcionario.

El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró este domingo que es necesario restructurar a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de mencionar que funcionarios de estos cuerpos policiales están implicados en muchos casos de ajusticiamientos.

"Yo creo que es el momento de una reestructuración, no solo de las FAES, sino la PNB y varios cuerpos policiales, porque toda acción tiene una reacción“, dijo en entrevista en VTV con Ernesto Villegas, tras una pregunta sobre la disolución de ese cuerpo policial por su implicación en diversos casos de violaciones de derechos humanos.

Saab recordó que los policías que le disparen a una persona en la cabeza, para repeler una acción en la que lo atacan con una piedra, "le va a venir una pena de 20 a 30 años de cárcel. Lo saben".

Pese a las declaraciones del supuesto castigo contra funcionarios policiales que violen los DDHH, entre el 1 y el 21 de agosto de 2020, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana le habían dado muerte a 75 personas, un promedio de 3,5 por día, sin una actuación efectiva de la justicia por esos casos.

El caso más reciente cometido por las FAES es el de Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, el primero camarógrafo, el segundo hijo del dueño de Guacamaya TV, ubicada en Cabimas, Zulia. Ante ello, Saab pidió la detención de seis agentes.

Ante la pregunta de Villegas sobre si hubo o no violaciones en DDHH en la denominada "Quinta República", el funcionario señaló que sí "ha habido y se ha castigado“.

Detalló que en tres años condenaron a "140 agentes del Estado violadores de derechos humanos. Con sentencia definitivamente firme". En cuanto a imputados, reveló que adelantan acciones penales contra mil funcionarios policiales y militares por los delitos contra los DDHH.

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