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Consorven pide garantizar educación accesible e igualitaria a jóvenes con discapacidad

Un estudio determinó que 49 % de las personas consultadas señalaron que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no tienen Registro Nacional de Personas con Discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad

La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) realizó un estudio para conocer las condiciones de acceso a la educación por parte de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad en el país.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, recalcó que “es un derecho y un deber social fundamental de las personas con discapacidad, ser partícipes de una educación de calidad que contribuya al desarrollo pleno de su potencial creativo y de su personalidad en la sociedad venezolana”.

Con la investigación realizada, se determinó que 49 % de las personas consultadas señalaron que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no tienen Registro Nacional de Personas con Discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), reseña una nota de prensa de Consorven.

En ese sentido, De Gouveia manifestó que cualquier persona con discapacidad, que por diversas razones no posea un carnet de identificación emitido por la Conapdis, “está en presencia de la vulneración a un derecho, que es a su vez una herramienta para garantizar al acceso a derechos básicos y fundamentales“.

 Es responsabilidad del Estado garantizar que las personas puedan evaluarse, registrarse y tener el carnet del Conapdis”, dijo.

También recalcó que 24 % de las niñas, niños y adolescentes entrevistados, no están incluidos en el sistema educativo venezolano. “De ese 24 %, 47 % nunca han estudiado, 37 % dejó de estudiar hace más de un año y 16 % dejaron de estudiar a consecuencia de la pandemia”.

Según De Gouveia, más allá de la pandemia, otra de las barreras a las que se enfrentan las familias más vulnerables, es no contar con recursos económicos para inscribir a los jóvenes en centros educativos.

“Esta situación está asociada a la crisis económica estructural y a la crisis institucional, y que en ambos casos, el Estado es el responsable de subsanar, por medio de acciones directas y urgentes, el que las personas con discapacidad no puedan sortear las principales dificultades que impiden un acceso efectivo al sistema educativo”.

Entre otros hallazgos del estudio, se pudo conocer que 37 % de los representantes de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad entrevistados, encuentran como principal dificultad el problema del transporte, 22 % consideran la alimentación como dificultad para que sus representados asistan a la escuela y 15 % declararon que la discriminación es la principal dificultad que encuentran para que sus hijos acudan a los centros educativos.

Con relación a este último dato, es una responsabilidad social compartida eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y por diferencias de cualquier tipo; es un derecho humano, universal y fundamental poder acceder a sistemas educativos en igualdad de condiciones, pero también libre de ambientes que toleran, permiten o fomentan actos de discriminación”.

En lo que respecta a la adaptabilidad y accesibilidad de los contenidos educativos, 49 % de los representantes no consideran accesibles ni adaptados los contenidos y 71 % no fueron consultados sobre las estrategias y medidas necesarias para impartir los contenidos educativos durante la pandemia.

“Luego de conocer estos hallazgos, exhortamos al Estado para que cumpla con el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, en ese sentido recomendamos respetar el marco legal que garantice el acceso pleno al derecho a la educación en igualdad de condiciones, tal como lo establece La Constitución de Venezuela (artículo 102 y 103); cumplir con lo establecido en La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24) y la Ley Orgánica de Educación (artículo 6)”.

Igualmente, recomendó trabajar en la formación de los docentes y en todo el personal que labora en las instituciones educativas del país, “específicamente en los contenidos y herramientas que permitan brindar a los estudiantes con discapacidad, una educación de calidad, adaptada a sus necesidades y especificidades”.

Así como garantizar que los contenidos educativos estén siendo enviados en los formatos adecuados (accesibles), con los contenidos desarrollados y expuestos en atención a las diferencias cognitivas, así como establecer y fomentar relaciones de respeto entre la escuela y las familias, “este mecanismo de participación, asegura el éxito de la labor educativa”, concluyó De Gouveia.

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