El diario plural del Zulia

Codhez: Vulneraciones‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌derechos‌ ‌humanos‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌Zulia‌ ‌se‌ ‌intensificaron‌ ‌en ‌2020‌ ‌

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia Codhez, destaca en su informe que la medida de prohibición de acceso de gasolina a la población zuliana en general, vigente durante varios meses de 2020, fue inconstitucional y violatoria a los derechos humanos

Durante el año 2020, la precaria calidad de vida de la población zuliana se agravó con la llegada de la pandemia de la Covid-19 al país. Así lo evidencia el Informe Anual 2020 sobre la Situación General de los Derechos Humanos en el estado Zulia, elaborado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

El informe rinde cuenta del trabajo de Codhez en la promoción del espacio cívico en el contexto de la pandemia y se presenta con la finalidad de plasmar y difundir la difícil realidad diaria de millones de personas en el Zulia. Está compuesto por cinco capítulos: el primero, describe el panorama general de la situación de la región durante el primer año de pandemia, el segundo, sobre los derechos a la integridad personal, la vida y seguridad ciudadana, el tercero, sobre la emergencia humanitaria compleja, el cuarto, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el quinto, sobre el derecho a la educación y los derechos ambientales.

Zulia en pandemia

Para Codhez, las medidas excepcionales dictadas en el marco del Estado de Alarma, lejos de contener la propagación de la Covid-19, han servido como instrumento para el control exagerado de la cotidianidad del zuliano. La medida de prohibición de acceso de gasolina a la población en general, vigente durante varios meses de 2020, fue inconstitucional y violatoria a los derechos humanos. No se encontraba prevista en el decreto nacional de estado de alarma, tampoco en el decreto regional sobre “estado de alerta”.

Pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud fueron los más afectados por la falta de distribución de combustible. Codhez denuncia, que, desde el inicio de la pandemia, no existió un plan para la atención priorizada de las personas en situación de vulnerabilidad, que fueron sometidas a padecimientos y maltratos en las estaciones de servicio.

Por otra parte, el Hospital Universitario de Maracaibo fue declarado como centro centinela para la atención priorizada de las personas contagiadas en la región. Si bien es el centro médico más grande de la región occidental, presenta déficit de personal de salud, número de camas limitadas, carencia de servicios de agua potable, alimentación y otros.

En adición a ello, para finales de año, el estado Zulia fue la entidad con el número más elevado de fallecimientos de personal sanitario con 65 trabajadores muertos por causas relacionadas a la Covid-19. El Colegio de Enfermería del Estado Zulia, así como el Colegio de Médicos de la entidad, han alertado de los riesgos que presenta el personal de salud ante la ausencia de controles y protocolos de protección.

Desde mucho antes de la declaratoria de emergencia sanitaria y de salud, la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos y productos de primera necesidad se encontraban entre las más importantes preocupaciones de los zulianos. El alto costo de la canasta básica, la escasez de ciertos productos, y los irrisorios ingresos de los hogares, han impedido que las familias puedan abastecerse de forma plena y satisfacer sus necesidades fundamentales.

Muertes con intervención policial durante la pandemia

Durante el año 2020, se registraron 586 muertes por violencia policial en la región zuliana en 419 hechos que involucraron a funcionarios de seguridad del Estado venezolano. En promedio, se registraron entre 1 y 2 muertes diarias como consecuencia de hechos violentos en los que participó algún cuerpo de seguridad pública.

Así, para el primer semestre del año, de enero a junio se registraron 373 muertes en 261 hechos violentos en el Zulia, mientras que, para la segunda mitad del año, de julio a diciembre se produjeron 213 muertes en 158 presuntos enfrentamientos.  El municipio Maracaibo fue el epicentro de la violencia policial en cuanto al número de hechos violentos (44,15%) y muertes ocasionadas (40,78%).  El mayor número de muertes es imputable a cuerpos de seguridad adscritos al gobierno regional, seguido de cuerpos de seguridad nacionales: SIPEZ (22,18%), FAES (13,14%) y CICPC (12,96%).

Tal como lo han ratificado los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, para Codhez, estos hechos no son aislados. Forman parte de un proceso continuo, constante y creciente de muertes imputables a las fuerzas de seguridad, lo que determina una sistemática violación del derecho a la vida e integridad física, mostrando a su vez una inobservancia a mandatos internacionales y nacionales en cuanto a la garantía de estos derechos.

Precariedad en servicios públicos

En este capítulo del informe, Codhez ratifica que en 2020 la región zuliana continuó atravesando la peor crisis eléctrica de su historia con apagones generalizados y bloques de racionamientos que fueron aplicados en muchos sectores de forma indiscriminada e intempestiva.

También destaca la crónica escasez de agua registrada durante todo el año 2020, en un contexto en que la principal forma de evitar la propagación y contagio de la pandemia es que las personas laven sus manos de manera constante y mantengan sus espacios limpios. Así, por ejemplo, a principios de la cuarentena, desde el 13 hasta el 24 de marzo se reportó que al menos 87 sectores del Zulia, ubicados en 8 municipios y 31 parroquias, en las que residen más de 2 millones de personas, denunciaron dificultades de acceso al agua potable.

Las constantes fallas en la distribución del servicio de agua potable, derivó en que las familias zulianas se vieran en la necesidad de buscar agua por cualquier medio. Muchos caminan extensos recorridos varias veces a la semana para abastecerse de agua en tuberías clandestinas en plazas, avenidas o cañadas, en donde hay aglomeración de personas en la misma actividad, esto en detrimento de su propia salud pues deben levantar pesados botellones y luego llevarlos caminando hasta sus casas. 

Consideraciones finales

Para Codhez, la crisis que padece el Zulia se debe a problemas de gran envergadura que requieren acciones inmediatas pero sostenibles y sustentables que atiendan a los preceptos constitucionales y convencionales de respetar, proteger y garantizar los derechos a todas las personas, sin discriminación alguna. Por ello, la organización de derechos humanos ha insistido en que el Estado venezolano debe asumir sus obligaciones como principal garante de los derechos humanos y, a tal efecto, proporcionar soluciones y vías factibles, serias y efectivas que permitan el rescate de la dignidad humana, lejos de cualquier connotación política y/o partidista.

Codhez advierte que la lucha contra la pandemia de Covid-19 no puede desviar la atención de las necesidades más básicas de la población. La garantía actual del derecho a la salud está relacionada con la vigencia y observancia de otros derechos como calidad de vida, alimentación adecuada, educación, libre tránsito, información, entre otros, y a ello debe abocarse de inmediato el Estado venezolano, de conformidad con las obligaciones previstas en el artículo 19 de la Constitución nacional.

A su vez, ante el creciente número de muertes imputables a funcionarios de seguridad, se reitera al Estado venezolano, y en concreto, el conjunto de sus instituciones de control, su obligación de garantizar el acceso a los mecanismos de denuncia y protección frente a posibles arbitrariedades, así como a castigar y determinar las responsabilidades personales por el uso excesivo de la fuerza pública, que desencadena graves violaciones a los derechos humanos.

Los organismos internacionales de protección también deben estar atentos a lo que ocurre en Venezuela, más aún considerando el contexto de emergencia humanitaria compleja y la evidente precariedad institucional que existe en el país, donde la arbitrariedad es recurrente e impune.

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