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Codhez: Libertad de expresión y derechos ambientales urgen por protección en el Zulia

La ONG publicó un informe donde da cuenta de denuncias sobre violaciones a la libertad de prensa y constantes derrames petroleros en la región

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentó su Boletín de septiembre de 2021, relativo a la documentación realizada durante el período comprendido entre enero y agosto de este año sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en la región zuliana, así como la situación de los derechos ambientales, en específico la creciente contaminación que experimenta el Zulia en sus espacios terrestres y lacustres.

En este boletín, Codhez advierte que, para periodistas y comunicadores, dar a conocer hechos relativos a violaciones de derechos humanos representa un riesgo constante. “Criminalizar la tarea de buscar, recibir y difundir información constituye una de las más evidentes violaciones a los derechos humanos”, destaca la organización.

Situaciones como detenciones arbitrarias e intimidaciones por parte de agentes del Estado, bloqueos digitales, interrupciones programadas o no de electricidad, la nula o escasa cobertura del internet “son limitantes arbitrarias impuestas por acciones u omisiones de parte del Estado”.

Cierre de espacios a periodistas y medios de comunicación

En relación con los ataques a periodistas y medios de comunicación, Codhez destaca el caso de Efecto Cocuyo, medio digital independiente señalado por el gobierno de “recibir fondos extranjeros para derrocarlo”. Igualmente, informa que se mantiene el cierre del diario Panorama, por el presunto incumplimiento de normas tributarias; y también la confiscación de la totalidad de los equipos del canal digital Venezolanos Por la Información (VPI) que se vio obligado a cesar sus operaciones en el país.

Además, en la región zuliana, en junio de 2021 se denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) amenazaron con quitarle los equipos a periodistas zulianos de los medios EVTV Miami y Todos Ahora_Ve, cuando realizaban la cobertura de una protesta estudiantil en la que se exigían vacunas contra la Covid-19.

Asimismo, el 27 de abril de este año, dos periodistas zulianos de Televen y Todos Ahora_Ve, fueron detenidos, desnudados y despojados de su material de trabajo por funcionarios del Destacamento 114 de la GNB, en la vía entre los municipios Machiques y Rosario de Perijá en el Zulia.

Les quitaron sus teléfonos celulares y borraron toda la información que habían grabado, y amenazaron con detenerlos. Luego, fueron dejados en libertad. Esta experiencia representa una forma de detención arbitraria, abuso de autoridad y hostigamiento contra la labor periodística en la región zuliana”, apunta el boletín de Codhez.

A esto se suman otras afectaciones al derecho de acceso a la información, relacionadas con las carencias de servicios públicos como electricidad e internet. La discontinua prestación de estos servicios afectó el 16 de julio el diario La Verdad, cuando presentó fallas que dejaron fuera de línea asu página web sin conocer los motivos de este incidente.

Situación de los derechos ambientales en el Zulia

El Boletín septiembre de 2021 de Codhez también aborda la situación de los derechos ambientales, apuntando que estos no son percibidos como una prioridad para la atención gubernamental. De esta manera, se advierte del agravamiento del abandono del ecosistema zuliano que pone en peligro la vida y salud de las personas.

La no recolección de desechos sólidos, la incineración de basura, el desbordamiento de las aguas residuales, la desforestación urbana, entre otros, forman parte del día a día de la población zuliana.

El deterioro de la producción petrolera ha resultado en maquinarias abandonadas, instalaciones desmanteladas y derrames petroleros cada vez más frecuentes en Zulia. La falta de mantenimiento ocasiona fugas de diversas intensidades produciendo brotes de petróleo que se extienden hasta 40 kilómetros en las costas del lago y manchas de hidrocarburos de hasta 30 metros de ancho.

En este sentido, el Lago de Maracaibo evidencia el incumplimiento de las normas ambientales. Para junio, la organización Aclama contabilizaba entre 15 y 30 derrames de petróleo mensuales en el lago de Maracaibo. Según el Colegio de Ingenieros del Estado Zulia, existen 20.000 kilómetros lineales de tuberías en sus aguas, más de 15.000 pozos petroleros, entre activos e inactivos, y algunas estaciones de gas a esta política de abandono la denominan el “monstruo de mil cabezas”.

Estos derrames han llegado hasta zonas agropecuarias afectando potreros y pastos para el ganado bovino. Cuando caen las lluvias en zonas de Cabimas y Ciudad Ojeda, en la Costa Oriental del Lago, así como en La Concepción, en la costa occidental,las inundaciones arrastran el crudo hasta las calles de los poblados.Entre agosto y septiembre del año 2020, en Cabimas se reportaron incidentes ocasionados por taladros abandonados que siguen emanando petróleo.

Protección a la libertad de expresión

El informe de la relatora especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Irene Khan, ha resaltado que uno de los países cuyos gobiernos han impuesto cierre de internet durante contextos de manifestaciones o protestas o para acallar a la disidencia es Venezuela. Mientras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha levantado su voz de protesta ante la “sistemática violación de la libertad de prensa por parte del gobierno”, configurada en agresiones y ataques del gobierno con la intención de silenciar a medios y periodistas independientes.

En tal sentido, Codhez apunta que el Estado venezolano debe asumir su obligación constitucional como garante de la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, y desarrollar instrumentos normativos de salvaguarda para las personas que se dedican a la difusión de la información veraz y oportuna. Igualmente, exhorta a los representantes gubernamentales a abstenerse de fomentar o difundir afirmaciones falsas, autorizar cierres de medios, incentivar la persecución o intimidación a comunicadores, amenazar o promover el bloqueo digital.

Por último, en atención a esa garantía de goce y ejercicio de los derechos, Codhez indica que el Estado venezolano debe propiciar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales referidas al mantenimiento de un medio ambiente sano, equilibrado y sostenible.

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