Codhez: 2021 marcó otro año de deuda en materia de derechos humanos para el Zulia

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentó su informe anual 2021, relativo a la situación general de los derechos humanos en la región, en el que se destaca la agudización de problemas ─ya comunes y rutinarios─ que padece la población zuliana.

En este sentido, para Codhez, el año 2021 estuvo marcado principalmente por el incremento de casos de Covid-19 frente a un sistema sanitario público precario; los altos índices de inseguridad alimentaria; la persistente violación del derecho a la vida y a la integridad personal por las constantes ejecuciones extrajudiciales; la deficiente prestación de servicios públicos; el irrespeto gubernamental a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; el desconocimiento del derecho a la educación ante la desatención institucional de los centros educativos; las violaciones a los derechos de las niñas y mujeres; las limitaciones al derecho a la libertad de expresión, y la desprotección de los derechos ambientales.

La emergencia humanitaria compleja sigue vigente

De acuerdo con lo documentado con la asociación civil, el 2021 representó principalmente una lucha para acceder diariamente a los alimentos básicos en el Zulia, pues explica en su investigación que los altos precios y el bajo poder adquisitivo de los hogares de la región impidieron la obtención de alimentos suficientes y nutritivos que contribuyeran a su calidad de vida, salud y bienestar general, agudizados en medio de la emergencia humanitaria compleja que afecta al país. Aunado a esto, la tasa de cambio oficial del dólar subió 324,07% a la vuelta de un año, mientras el sueldo mínimo seguía siendo insuficiente para alimentarse adecuadamente.

Por otro lado, apagones y racionamientos eléctricos, carencia de agua por tuberías o su falta de potabilización, incremento del uso de leña para cocinar por escasez de gas doméstico, espacios sucios y acumulación de basura, sacrificios personales y familiares por largos recorridos a pie por falta de transporte público o largas colas para surtir gasolina, entre otras circunstancias, ponen en evidencia la vulneración de derechos humanos por parte del Estado que, además, no rinde cuentas de su gestión ni responde por los múltiples daños generados.

Condiciones precarias en centros de salud

En el Zulia, la situación del sistema de salud pública y la infraestructura sanitaria presentan años de continuo deterioro. El colapso hospitalario ocurrió desde hace tiempo, incluso antes de la pandemia, advierte Codhez, pero fue después de la propagación de la Covid-19 en la región que el problema de los servicios sanitarios quedó en evidencia indiscutible.

Tanto así que las pocas unidades de cuidados intensivos que funcionaban en el Zulia estaban al tope, sobre todo por personas contagiadas por el virus, y muchas otras personas prefirieron no ir a los hospitales porque sabían que, ante la falta de insumos, no serían atendidas.

Desde el Colegio de Enfermería del Estado Zulia se afirmó que el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum) se transformó en un ambulatorio, dado que dejó de atender lo relacionado con intervenciones complejas y dejaron de funcionar unidades estratégicas, y solo se limitaba a una atención reducida en emergencia, cuidados intensivos y nefrología.

Además, se estimaba un déficit de hasta un 70% del personal de enfermería en ese centro hospitalario. A esta realidad se suma que 2021 cerró con un registro de 815 personas del sector salud fallecidas en todo el país, desde el inicio de la pandemia, siendo el Zulia la entidad con el mayor número de decesos, de acuerdo con Médicos Unidos Venezuela.

Para las personas con insuficiencia renal su día a día se convirtió en una lucha por la sobrevivencia. En protestas a inicios de 2021 reclamaron la falta de agua potable y de insumos en las unidades de diálisis de Maracaibo. También, personas en el Centro de Diálisis de Occidente manifestaron que desde hacía casi un mes la planta de ósmosis estaba dañada, trayendo como consecuencia el fallecimiento de dos personas. Hubo una promesa por parte del Gobernador de reparar dicha planta, hasta ahora incumplida.

Lupa sobre la violencia estatal

De acuerdo con Codhez, en el Zulia, durante el año 2021, se registraron 228 muertes como consecuencia de 178 acciones de violencia policial. En concreto, para el primer semestre de 2021, se contabilizaron 158 muertes en el marco de 122 hechos de violencia policial, mientras que para el segundo semestre se constataron 70 fallecimientos en 56 hechos que involucraron la participación de funcionarios de seguridad del Estado venezolano.

Estos datos se derivan de un monitoreo de los medios de comunicación nacionales y regionales realizado por la organización de derechos humanos. En este sentido, se destaca que las ejecuciones extrajudiciales aluden a una de las formas más graves de vulneración del derecho a la vida implementada por el Estado, pues implica la muerte por acciones u omisiones de órganos de seguridad estatales.

Desatención para los pueblos y comunidades indígenas

Por otra parte, 2021 para la Guajira fue un suplicio con la electricidad y el agua, de acuerdo con lo documentado en el Informe Anual 2021 de Codhez. Nuevamente, a lo largo de este año, se constató la ineficiente prestación del servicio eléctrico, hasta el extremo que hubo sectores que llevaban más de un año sin luz. Tal es el caso de los habitantes de la comunidad de Marichen I en el municipio Guajira, quienes denunciaron que los dos transformadores que les suministraban energía eléctrica se habían dañado en enero de 2020. Entre tanto, citan que el Comité de Derechos Humanos de la Guajira denunció un déficit de 90 transformadores en ese municipio.

Igualmente, desde mayo la problemática con la habitual escasez del agua potable se agudizó, pues más personas llegaban hasta los jagüeyes a buscar y tomar agua. Estos jagüeyes y pozos artesanales son las únicas fuentes de agua para la mayoría de los pobladores de la Guajira, en especial los que habitan los sectores rurales.

A su vez, los habitantes de las poblaciones indígenas en la Sierra de Perijá presentan las mismas calamidades en cuanto a la prestación de servicios públicos como electricidad, agua potable o gas doméstico, tan escasos como desconocidos. “La salud, educación, alimentación, suministro de gasolina, transporte público y seguridad representan algunos de los grandes males de esta región, prácticamente olvidada por el Estado venezolano”, señala Codhez.

Deserción en la educación zuliana: del pupitre a los oficios

La investigación de la organización de la sociedad civil zuliana señala que la deserción estudiantil siguió en aumento, puesto que muchos jóvenes “han dejado de lado sus estudios por la necesidad de trabajar” para llevar sustento a sus hogares, cuestión que empeoró con la aplicación de una educación a distancia a la que no todos tenían acceso.

La mayoría se dedica a actividades como mototaxis, delivery, venta de comida o ropa y buhonerismo. “Esta situación representa una enorme carga emocional y de incertidumbre para buena parte de la juventud zuliana, pues se sienten atrapados entre el querer avanzar y el no poder hacerlo”, advierte Codhez.

En cuanto a la ausencia de docentes, se estima que hay hasta un 17,50% desde el inicio de la pandemia, en comparación con años anteriores.

En este sentido, resalta el impactante índice manejado por el Sindicato Venezolano de Maestros cuyo presidente estimaba que en el país aproximadamente un 80% de los estudiantes no estaban preparados para un nivel superior, pues ocho de cada 10 no habría podido aprobar todos los contenidos enseñados bajo la modalidad de educación a distancia en el período escolar 2020-2021, ratificando la falta de preparación para este tipo de modalidad educativa.

Vulnerabilidad de las zulianas

De acuerdo con datos recopilados por Codhez, durante los dos primeros meses del año se registraron 20 mujeres y 23 niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de violencia física y psicológica en el Zulia, con predominio de maltrato físico –golpes de puños– en mujeres y agresión sexual a NNA.

Los escenarios para estos comportamientos son variados: hombres que se aprovechan de la vulnerabilidad de las mujeres con hijos necesitados de alimentos, que bajo intimidación las violan y agreden; secuestro de mujeres donde hay maltrato físico y psicológico; mujeres salvajemente golpeadas por sus exparejas.

Asimismo, la organización de derechos humanos indica que otra forma de violencia contra la mujer se refleja en la trata de personas. Al respecto, la organización Mulier advierte “que las niñas y las adolescentes abandonan la educación para ocuparse de las tareas del hogar o para salir a trabajar y esto implica un mayor riesgo para ellas ser captadas por redes de trata de personas o violencia basada en género”.

El Lago de Maracaibo clama por atención

En una revisión al contexto ambiental del Zulia, Codhez indica que la falta de recolección de desechos por parte de los órganos competentes hace que las comunidades se vean obligadas, ante el miedo de la proliferación de animales y enfermedades, a quemar la basura que se acumula de forma incesante y constante.

Además, la organización denuncia que la contaminación del Lago de Maracaibo es tan extrema que se ha señalado que el 90% de sus orillas está colmada de basura, de lo cual el 80% es plástico que es arrastrado por las 40 desembocaduras de cañadas que llegan a su cuenca.

Aunado a esta situación, desde hace años se ha estado advirtiendo sobre los derrames petroleros, cuestión que continuó a principios de 2021 cuando se reportaron derrames de más de 15 kilómetros lineales de crudo, con un ancho de hasta 30 centímetros y un espesor de 70 centímetros, afectando la fauna marina. Los números más conservadores apuntan que durante el año 2021 se originaron seis nuevos grandes derrames por fallas en la infraestructura de pozos ubicados en el lago, cuyo foco de contaminación es de muy difícil identificación dado que el crudo se está esparciendo y no se hacen labores de limpieza ni contención del mismo.

Reivindicación de los derechos humanos en el Zulia

En medio de la emergencia humanitaria compleja, Codhez exige al Estado venezolano que asuma y cumpla sus responsabilidades como garante de los derechos de la población a través de planes, estrategias y políticas, sostenibles y adecuadas, que estén encaminadas a fortalecer la calidad de vida de la población. También se señala la urgencia de un compromiso genuino y transparente para no repetir otro año con deudas en materia de derechos humanos, que solo suman más pesares para quienes habitan la región zuliana.

Todo este panorama exige que mantengamos un perenne levantamiento de voces, reclamando nuestros derechos y libertades, ante la masiva y sistemática violación de los derechos humanos que resulta de la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela, frente a la inercia de un Estado que no cumple con su responsabilidad constitucional de atender de forma prioritaria las más básicas necesidades de las personas”, puntualiza Codhez.