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CIDH expresó preocupación por violación de la autonomía universitaria en Venezuela

El organismo afirmó que conoce la significativa reducción presupuestaria para el funcionamiento de las instituciones educativas. Esta situación, advirtió, tendería a agravar la crisis económica por la que atraviesa el sector en el país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto en la libertad académica.

“La CIDH recibió información sobre distintas acciones del Estado tendientes a menoscabar la autonomía universitaria”, dijo esa instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado publicado en su página web, y que fue difundido por Aula Abierta en su cuenta de Twitter.

En el texto, la CIDH señaló la decisión de realizar el pago de nóminas del personal de las universidades públicas y sus entes adscritos a través del sistema Patria. Y expresó que, al tratarse de una plataforma estatal, podría generar un “efecto amedrentador en docentes y funcionarios con posiciones críticas” hacia el Gobierno.

Aseguró asimismo que conoce la significativa reducción presupuestaria para el funcionamiento de las instituciones educativas. Esta situación, advirtió, tendería a agravar la crisis económica por la que atraviesa el sector en el país, reseñó El Nacional.

La instancia de la OEA también expuso las denuncias por la exclusión de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y otras agrupaciones de las negociaciones colectivas con el Ejecutivo, “lo que afecta la libertad de asociación del cuerpo docente”.

Mencionó también la exigua remuneración que reciben los docentes de las universidades públicas, que oscila entre entre casi 6 y 10 dólares mensuales.

La CIDH expresó preocupación por el plan educativo presentado en 2020 por el Ministerio de Educación Universitaria, en el que, refirió, se propone un nuevo esquema educativo que apoyaría el ingreso de nuevos estudiantes universitarios, principalmente a las carreras que respondan a las necesidades de formación.

“Esa limitación podría deteriorar la autonomía de las universidades públicas, condicionar los contenidos de las diferentes asignaturas e interferir en las decisiones de los estudiantes”, reza el escrito.

“Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Poder Judicial profirió más de 50 decisiones desde 2010 suspendiendo elecciones estudiantiles o desconociendo sus resultados, obligando a las universidades a acatar designaciones arbitrarias e incluso legislando sobre procedimientos para la elección del gobierno universitario”, afirmó.

La Comisión destacó el rol trascendental que tienen las universidades como centros de pensamiento crítico y de intercambio de ideas y resaltó la estrecha relación existente entre la libertad académica y la construcción y consolidación de una sociedad democrática.

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