CIDH exige una reparación "adecuada" a yanomamis por muerte de cuatro indígenas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, este viernes 8 de abril, la muerte de cuatro indígenas yanomami por parte de agentes militares en Venezuela, e instó al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables "desde un enfoque de justicia y reparación culturalmente adecuado".
De acuerdo con lo reportado por organizaciones, el 20 de marzo de 2022 ocurrió un altercado entre indígenas yanomamis y efectivos de la Aviación militar, luego de que estos se negaran a devolver un router de internet que pertenecía a la comunidad. El hecho ocurrido en el sector Parima B del Alto Orinoco, estado Amazonas, terminó con la muerte de cuatro personas y un adolescente herido de esta etnia.
Los indígenas Gabriel Silva y Sifontes Borges, de 16 años, fueron sacados el día domingo 3 de Amazonas en una aeronave identificada con los cuerpos de seguridad del Estado. Borges permanecía hospitalizado por la herida de bala que recibió en un hombro, y Borges lo acompañaba debido a que no habla castellano.
El Foro Penal, que ejerce la representación judicial de estos jovenes, se dirigió al Ministerio Público de esa entidad para conocer su paradero, pero desde ese organismo les dijeron que no fueron informados del traslado. Presuntamente se encontrarían en el hospital militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas.
La CIDH destacó que la región amazónica venezolana registra altos niveles de violencia con riesgos específicos para los pueblos indígenas, en especial desde que se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” en 2016.
En su informe Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía, la CIDH resaltó graves casos de violencia contra los pueblos indígenas por parte de mineros ilegales. En el caso de los yanomamis, se han documentado incluso casos de violencia sexual contra mujeres y trabajo forzoso, lo que hace necesario brindar una mayor protección a favor de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, reseñó Tal Cual.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también ha resaltado los altos niveles de violencia en esa zona, incluyendo violencia sexual.
La CIDH reiteró que, en casos relacionados con ejecuciones, el Estado tiene el deber de iniciar automáticamente y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva. "La investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales".
Adicionalmente, se instó a las autoridades correspondientes a tomar las medidas necesarias para reparar este daño incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y su comunidad.
Por ello recomiendan la coordinación y cooperación con las autoridades de justicia indígena yanomami, tomando en cuenta el reconocimiento a la jurisdicción especial bajo la legislación nacional y los estándares internacionales e interamericanos.
"La presencia de fuerzas militares en territorios indígenas debe estar previamente acordada con los pueblos indígenas concernidos a través de consultas eficaces y procedimientos apropiados con sus instituciones representativas. Por tanto, las medidas adoptadas para la protección de los pueblos indígenas deben reconocer sus derechos a sus culturas, tierras, territorios, recursos naturales y libre determinación", precisó la organización.
