Cepaz: Fuerzas de seguridad venezolanas protagonizaron dos mil persecuciones en la última década

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) publicó su informe “10 Años de persecución en Venezuela” en el que exponen cómo en la última década se ha incrementado las acciones represivas, por ende, un aumento de las violaciones a los derechos humanos.

Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, aseguró que en los primeros años del monitoreo estuvieron enfocados en reconocer y documentar patrones de persecución y criminalización, así como en registrar casos emblemáticos que permitieran ejemplificar estos patrones. Desde 2021 se estableció una periodicidad mensual para los reportes, reseñó Efecto Cocuyo.

Desde enero de 2021 hasta marzo de 2024, Cepaz ha documentado dos mil 98 casos de persecución y criminalización, 186 actos ocurrieron contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos, 730 contra personas vinculadas con la política, 472 contra la población, 701 contra trabajadores de la comunicación y nueve contra universidades.

Del total de casos de persecución documentados, 257 ocurrieron contra mujeres, 737 contra hombres y en mil 104 casos no fue posible disgregar el género, ya que son actos que atentan contra hombres y mujeres, o porque no pudo o no quiso ser identificada la víctima.

En estos poco más de tres años de monitoreo mensual y continuo pudimos identificar al menos 20 patrones de persecución y criminalización:

881 casos de amenazas y hostigamientos.

123 despidos injustificados.

205 detenciones arbitrarias.

49 inhabilitaciones políticas.

Seis invalidaciones de partidos políticos.

66 emisiones de medidas cautelares.

Tres muertes bajo custodia del estado.

168 procesos judiciales irregulares.

Dos solicitudes de extradición.

31 traslados arbitrarios de presos políticos.

Un asesinato por negligencia del Estado.

127 órdenes de aprehensión,

Dos suspensiones de elecciones universitarias.

Un cierre de un canal de televisión.

28 casos de allanamientos irregulares a viviendas y sedes de trabajo.

167 veces las/los periodistas fueron impedidas/os de registrar un hecho noticioso.

19 emisoras dejaron de funcionar debido a la emergencia humanitaria compleja.

42 cierres de programas de radio.

73 bloqueos de páginas web.

104 cierres de emisoras de radio.

En este sentido, Cepaz asegura que los responsables de estos actos fueron las fuerzas de seguridad del Estado. Incluye policías regionales, municipales y nacionales, Guardia Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Dirección de Contrainteligencia Militar, Plan República, entre otros (571 casos).

Funcionarios del Estado, incluye alcaldes, gobernadores, ministros y trabajadores públicos (566 casos).

Asamblea Nacional (255 casos).

Personas adeptas al gobierno (167 casos).

Poder Judicial (133 casos).

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (130 casos).

Ministerio Público (74 casos).

Sujetos desconocidos (52 casos).

Poder Ejecutivo (46 casos).

Servidores de internet (40 casos).

Contraloría General de la República (39 casos).

Consejo Nacional Electoral (13 casos).

Autocensura de las propias directivas de los medios de comunicación (12 casos).

“En contextos electorales y preelectorales aumentan y se agravan los casos de persecución y criminalización. Al comparar las cifras de acciones persecutorias registradas en años electorales y no electorales podemos señalar que en 2021, cuando se llevaron a cabo elecciones regionales y municipales en Venezuela se documentaron más de 800 casos de persecución y criminalización, mientras que el año 2022, cuando no hubo contiendas electorales, el número de casos se redujo a 523”, reza el escrito.

Además, denuncian que el mismo Estado ha mostrado una falta de transparencia y opacidad en la documentación y reconocimiento de violaciones a los derechos humanos, dificultando el acceso a la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y la no repetición.