Cepaz documenta 300 casos de persecución en el primer semestre de 2022
La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 300 casos de persecución y criminalización contra civiles, militares, y organizaciones no gubernamentales en el primer semestre de 2022, reseñó Monitoreamos.
Estas cifras evidencian la existencia de una crisis en derechos, agudizada por la persecución contra toda persona u organización considerada enemiga o disidente de la política del Estado venezolano”, señaló la organización en su más reciente informe publicado en su página web.
Asimismo, indicó que del total de casos identificados, 96 fueron contra trabajadores de medios de comunicación (32 %), siendo la categoría de personas “más perseguidas o criminalizadas”.
También contra 93 agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) (31 %) y 69 personas vinculadas con la política (23 %)”, agregó, citada por Monitoreamos.
La organización registró 27 actos de persecución contra la población en general (nueve por ciento) y contra 15 organizaciones de la sociedad civil y activistas (cinco por ciento).
En cuanto al género, los casos de persecución y criminalización se disgregaron de la siguiente forma: 37 actos contra víctimas mujeres y 176 actos contra víctimas hombres. En 87 de los casos documentados, las víctimas no pudieron disgregarse por género, porque afectaron a un colectivo de sujetos”, explicó Cepaz.
El mes con mayor cantidad de casos fue junio, con al menos 125, seguido de enero con 55.
El número y el análisis de los casos de persecución y criminalización ejercidos por el Gobierno de Nicolás Maduro da cuenta de que no se trata de hechos aislados, sino que existe una política de Estado de atacar, a través del ejercicio de patrones específicos, a determinadas personas o grupos de personas”, advirtió la organización.
El pasado 17 de agosto, una coalición de 125 ONG exigieron la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre el país, creada por el Consejo de Derechos en 2019 para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos, y cuyo período vence el próximo septiembre.
