Activistas exigen protección para la comunidad LGBTI tras tres asesinatos
Un grupo de activistas protestó este lunes en la Plaza Alfredo Sadel, municipio Baruta, para exigir que cese la violencia contra la comunidad LGBTI en Venezuela, tras el asesinato de una mujer trans y dos homosexuales en Caracas.
Los manifestantes se reunieron en el lugar con cruces en las que se leían los nombres de las víctimas. "Estamos en esta acción de calle exigiendo acciones urgentes para prevenir la violencia y crímenes de odio hacia personas LGTBI", dijeron los manifestantes.
También se presentaron ante el Concejo Municipal de Baruta para exigir justicia, donde entregaron un documento con sus exigencias.
El pasado domingo 13 de junio, Ronnie Rafael Ramírez Tinedo, de 32 años, y Carlos Eduardo LaPlace, de 45 años, quienes eran pareja, fueron apuñalados adentro de su vivienda en Caurimare.
También, el cuerpo descuartizado de una mujer trans fue hallado el lunes 14 de junio en el barrio Santa Cruz del Este, municipio Baruta, estado Miranda.
Hasta el momento, las autoridades no han declarado acerca de los crímenes.
El fundador de la ONG Venezuela Diversa, Yonatan Matheus, informó a EFE que recientemente la Defensoría del Pueblo creó una oficina especial para los derechos de las personas LGBTI y que, a su juicio, debería trabajar con el Ministerio Público para investigar, sancionar a los responsables y acompañar a las familias en la reparación física y moral.
Matheus explicó que en el Código Penal venezolano no se reconoce el atenuante de crimen de odio, por lo que, los organismos de seguridad desestiman que las víctimas pertenecen a la comunidad LGBTI, así como su condición de vulnerabilidad por no tener protección legal.
En el caso de las personas trans no hay una ley de identidad, en el caso de las parejas LGBTI no hay una ley que proteja el matrimonio o los círculos familiares, en el caso de violencia en los centros de salud, en los puestos de trabajo, espacios públicos, no hay una ley marco que prohíba la discriminación por orientación sexual o identidad de género", agregó.
Asimismo, la coordinadora de la ONG Unión Afirmativa, Quiteria Franco, señaló a EFE que la orientación sexual o la identidad de género debe tomarse como un agravante, así como las características de cada crimen.
"En estos casos hubo saña, es decir, es la manera como se hace y el hecho que te indica que hay un sentimiento más allá del mero hecho de asesinar o robar", afirmó.
Franco indicó que en el caso de la mujer trans hubo un precedente, que es el rechazo y discriminación que recibió horas antes del crimen.
"Entonces automáticamente tienes que calificarlo como un crimen de odio", aseveró.
Aunque ya existe la Defensoría Especial, la activista también exigió la creación de una Fiscalía Especial en el Ministerio Público y que sean instituciones serias, sólidas, con personal formado y sin politizar.
Venezuela está a la cola de Suramérica en materia de avances para la población LGBTI, toda vez que en el país, además de estar prohibida la unión civil entre personas del mismo sexo, tampoco es posible el cambio de identidad a personas trans o no existen mecanismos para la protección de familias homoparentales.
