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Abogados piden una reforma a la Ley de Registros y Notarías

El expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Juan Carlos Castillo,  detalló que el elemento central de esta reforma de la Ley de Registros y Notarías, es "sustituir la unidad tributaria subestimada", lo que considera un error

El expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Juan Carlos Castillo, aseguró que los abogados solicitan una reforma a la Ley de Registros y Notarías.

En una entrevista concedida a Unión Radio detalló que el elemento central de esta reforma de la Ley de Registros y Notarías, es "sustituir la unidad tributaria subestimada", lo que considera un error.

Asimismo, Castillo indicó que también se incorpora al petro, pero que "al hacerlo y al establecer pisos y trechos en función del Petro, el cálculo de los servicios en registros y notarías se incrementa exponencialmente".

El cifrado en divisas se calcula en función de una cesta de recursos naturales, que se denominan commodities, pero lo más importante es que al estar cifrado en divisas hay que ver cuál es su equivalente en bolívares, con lo que, indirectamente, se produce una dolarización de los servicios públicos", explicó.

De igual forma expresó que ahora el costo de un Servicio Autónomo de Registros y Notarías por las capitulaciones matrimoniales podría llegar a costar alrededor de 3.000 dólares.

"Imagínense la señora que quiere otorgarle un poder al nieto para que le tramite la pensión, para que vaya a la empresa donde tiene la jubilación. Ese poder puede llegar a costar, porque todavía el Servicio Autónomo de Registros y Notarías no ha emitido los montos en petros para estos servicios, hasta 160 dólares", resaltó.

Castillo manifestó que esta Ley tenia haberse reformado para que existiera una mejor equivalencia entre lo que se paga por el servicio y su costo, "no para inhibir al usuario de poder acudir a los registros y notarías".

Del mismo modo, Castillo indicó que un grupo de abogados había realizado la solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia para la nulidad de este instrumento legal, ya que lo consideran "inconstitucional".

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