Días libres arriesgan derechos de los niños
Unas 37 organizaciones sociales pertenecientes a la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), advirtieron que el Decreto Presidencial N° 2.303, que establece los días miércoles, jueves y viernes, como no laborables para el sector público, para contribuir al ahorro energético, quebranta la protección de los menores de edad. Consideran que la situación vulnerable en la que se encuentran los derechos de los menores en el país no permite la suspensión de actividades para los funcionarios públicos.
La coalición de organizaciones aseguró mediante un comunicado de prensa, que “integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, han suspendido sus actividades en cumplimiento del decreto.
Esto implica una paralización y retraso en todos los procesos y servicios de protección, lo que significa una vulneración al principio de prioridad absoluta, interés superior y acceso a la justicia para todos los niños, niñas y adolescentes en su condición de víctimas y victimarios”.
La REDHNNA puntualizó que el Estado no debe restringir u obstaculizar el ejercicio y protección a los derechos ciudadanos, especialmente a los menores de edad, tal y como lo determina el “Principio de Prioridad Absoluta” contemplado en el artículo 7 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.
“Por el contrario se debe garantizar la continuidad en condiciones de calidad, su ciencia y oportunidad de todos los programas y servicios”, reza el comunicado.
La suspensión de actividades laborales conlleva a algunos órganos del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los niños y adolescentes a establecer esquemas de guardias que no brindan una atención oportuna, excluyendo diversas situaciones que no se consideran de emergencia, aún cuando no existen indicadores precisos para calificar una situación de emergencia, teniendo en cuenta que todos los casos de violencia infantil y juvenil son importantes.
Las organizaciones exigen al Gobierno eximir a programas y servicios del Sistema Rector Nacional para la Protección Infantil, de la aplicación del decreto que compromete tres días laborales a la semana.
