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El Amparo, 29 años de lucha por justicia

Los pescadores sobrevivientes de la masacre ocurrida en Apure esperan que se dé sentencia a quienes mataron a sus 14 compañeros

sábado 16/12/2017
9:31 AM
  • Ma. Victoria Rodríguez

  • @Marivy_23

  • Archivo

Sonó un disparo. Siguió otro, otro y otro más. José Augusto Arias no recuerda cuántos fueron. Se rompió el silencio y la paz del río Arauca. Eran, aproximadamente, las 11:00 de la mañana del sábado 29 de octubre de 1988. Las canoas se dispersaron.

En el sector El Amparo, en el estado Apure, Venezuela, reinó la confusión y el miedo, en apenas unos minutos, que se hicieron eternos. —¡Láncense al agua!, ¡láncense al  agua!, gritó uno de los pescadores. Efectivos militares del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) arremetían contra ellos a quemarropa.

José, de 36 años, y su compañero Wolmer Gregorio Pinilla se escondieron entre el prominente monte que bordea al cuerpo de agua; ese que nace en la cordillera oriental de Colombia y desemboca en el río Orinoco. Pasaron la noche avanzando entre los arbustos. Al día siguiente, llegaron a la carretera internacional, por Mata Larga, y antes del mediodía alcanzaron una estación policial. Allí se enteraron de la trágica noticia, que ya corría por el pueblo: 14 de sus amigos fueron asesinados en el caño La Colorada.

Buscan justicia

—Nos cayeron a plomo, sin ninguna precaución. Fueron tiros sobre tiros —expresa José, vía telefónica, recordando
lo ocurrido.

Dice que mantuvo su frente en alto porque no tenía nada qué ocultar. El capitán de corbeta de la Armada, Alí Coromoto González, fue quien comandó la denominada operación Anguila III, cuyo objetivo era, supuestamente, hacer frente a “guerrilleros” provenientes de territorio neogranadino. El hecho resultó un crimen de lesa humanidad. Se acabó con la vida de 14 personas que se reunían para pescar desde las 6:00 de la tarde y hasta casi las 6:00 de la mañana. Otras veces hasta casi mediodía.

Nada tenían que ver con insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y José y Wolmer lo demostraron con su testimonio. Tras agotar recursos en tribunales nacionales, el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por más de seis gobiernos

“Lo que nos motiva a hacer justicia es que hay que hacerla, ese es nuestro trabajo. Es preocupante que hayan pasado seis gobiernos y que todos hayan actuado para encubrir esta barbaridad”, expresa Ligia Bolívar, fundadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones a cargo de la defensa de las víctimas y de sus familias.

La activista recuerda que el suceso se presentó durante el gobierno de Jaime Lusinchi, y que Carlos Andrés Pérez ordenó la no apertura de la investigación contra el juez que presentó el caso como un enfrentamiento con guerrilleros y no como una masacre.

Durante el transitorio mandato de Ramón J. Velásquez, el entonces ministro para la Defensa pretendió, el 31 de diciembre de 1993, indultar a los procesados; situación que se evitó y motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a llevar el caso a la corte.

La sentencia que llegó en pleno gobierno de Rafael Caldera no se ha cumplido a totalidad: los autores materiales e intelectuales del aniquilamiento no pagaron condena.

Custodiados

José Arias toma aire y continúa relatando su vivencia. Mientras se aclaraba lo suscitado, obtuvo asilo político en la Ciudad de México. Allí permaneció durante unos 20 días junto a Wolmer Pinilla.

—Tuvimos el apoyo de unos venezolanos que estaban allá —cuenta, como si todo hubiera acontecido ayer. Al regresar a Venezuela los recibieron diputados al Congreso.

Durmieron en el Hospital Militar de Caracas y al día siguiente los trasladaron a Táchira, donde estuvieron 12 días más. Estaban preocupados. Cualquier lapso de tiempo se les hacía el doble de extenso.

Los daños no se reparan

El 14 de septiembre de 1996 la CIDH mandó al Estado venezolano a hacer un reconocimiento público sobre la matanza. “Hasta ahora no se ha cumplido. Eso es deplorable y viola lo que se conoce como el derecho de las víctimas a la verdad”, indica Ligia.

Añade que durante el gobierno de Chávez, algunos de los militares responsables de la masacre ocuparon cargos públicos “y hoy en día lo siguen haciendo”. Fue precisamente durante el período de Chávez cuando José recibió unos seis millones de bolívares -que se sumaban a siete que había recibido durante el mandato de Lusinchi- como forma de indemnización por los agravios que sufrió.

Ligia rememora que el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, creó una Comisión de la Verdad, presidida por la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, para investigar los crímenes cometidos entre 1958 y 1998.

La defensora de los Derechos Humanos no olvida cuando una mujer, que vivía en un ranchito con suelo de tierra en El Amparo, le dijo: “Mira, mija, mi hijo no es un becerro para que me lo paguen. Yo lo que quiero es que el Gobierno reconozca que me lo mataron y que él no era un guerrillero”. La intención es limpiar el nombre de la persona asesinada.

A cada quien lo suyo

—Yo no era un militar, soy civil y por eso los tribunales militares no debieron tomar el caso —afirma José.

Asegura que uno de los victimarios llegó a ser gobernador del estado Guárico, y que aún algunos de los presuntos homicidas forman parte de la administración pública.

Para José, debe hacerse respetar la Constitución Nacional. —La ley es para el humilde —lamenta, desde su rancho. Le gustaría pensar que la justicia es como Themis, esa diosa griega que pintan ciega y con una balanza en la mano. “A cada quien lo suyo”, diría el jurista romano Ulpiano.

Cicatrices

José hoy tiene 65 años, es padre de dos mujeres y abuelo de cuatro niños. Se retiró de la pesca, que practicaba desde sus 10 años. Aún le asusta ingresar al caño La Colorada. Le parece oír de nuevo los ensordecedores disparos.

—No me da el valor de estar una noche por allí —dice con franqueza y sin tapujos. Y se regocija en ser católico y confiar en la justicia divina, aunque también espera la del hombre.

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