Costa Rica abre licitación para construir unidad de fecundación in vitro
Las autoridades de salud de Costa Rica abrieron hoy un proceso de licitación para la construcción y equipamiento de una unidad para aplicar la fecundación in vitro, una técnica reproductiva restablecida en el país por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que administra los servicios públicos de salud, informó que se trata de un proceso de Contratación Directa Concursada y la recepción de ofertas terminará el 3 de marzo próximo.
Según la CCSS, el objetivo es comenzar la construcción del edificio de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad a más tardar en agosto próximo.
Esta infraestructura de 1.648 metros cuadrados, que se ubicará frente al Hospital de la Mujer, en San José, requerirá de una inversión de 3.615 millones de colones (6,4 millones de dólares) que incluye el equipamiento.
"El edificio contempla un laboratorio clínico de alta tecnología para el desarrollo de la técnica de fertilización, un laboratorio de embriología y uno de andrología, sala de procedimientos, un banco de embriones; tres consultorios de medicina reproductiva, uno para la atención de hombres, uno de psicología y una sala para la toma de muestras de semen", explicó la CCSS en un comunicado.
La unidad médica también contará con condiciones especiales de asepsia para garantizar la sobrevivencia de los gametos y con protocolos de seguridad para regular el ingreso y salida de funcionarios y pacientes, y que incluirán cámaras de seguridad, sensores de movimiento y lectores de huellas digitales.
La CCSS pretende atender cerca de 178 casos de fecundación in vitro al año y se autorizarán hasta dos ciclos o intentos por cada uno de ellos.
La fecundación in vitro fue prohibida en Costa Rica por la Sala Constitucional en el año 2000, pues interpretó que la vida comienza desde la concepción y que la técnica médica permitía desechar o destruir seres vivos.
Esto originó que un grupo de parejas con problemas de infertilidad presentaran una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual condenó al Estado costarricense en el 2012 por violar los derechos humanos de las parejas y le ordenó restablecer la aplicación de la técnica médica.
La CorteIDH consideró que la prohibición estaba vulnerando el derecho a la vida privada y familiar, a la integridad personal en relación con la autonomía personal, a la salud sexual, a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, y a la no discriminación.
Tras estancarse una ley al respecto en el Congreso por la oposición de diputados autodenominados "pro vida", el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, emitió un decreto en septiembre de 2015, mediante el que ordenó a la CCSS implementar la técnica médica.
