El diario plural del Zulia

Secuestro de Ana Soto llevó a encarcelar al Cpbez que atentó contra un albañil

No es la primera vez que efectivos de seguridad son acusados ante la justicia por utilizar sus uniformes como escudos para cometer delitos

El pasado 8 de febrero el secuestro de Ana Soto, madre del pelotero venezolano Elías Díaz Soto, conmocionó al estado Zulia. Los organismos de seguridad del Estado, por órdenes del gobernador de la región, se mantuvieron durante varios días desplegados tras la pista de la ciudadana. El 12 de febrero  efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) dieron con su paradero.

En el momento descubren que su secuestro fue perpetrado por cinco funcionarios de la División de Inteligencia y Estrategia Preventiva (DIEP) adscritos al Cuerpo de Policía Bolivariana del Zulia (Cpbez), entre ellos el policía Armando José Atencio López, quien fue denunciado el pasado mes de enero ante las instancias judiciales por esgrimir su arma de reglamento en contra del maestro de obra, Pablo Camba, propinándole un tiro cuando el constructor realizaba trabajos en la vivienda del funcionario.

“Mi esposo le pidió pagar el material que había conseguido para continuar con el trabajo y él se negó, luego de discutir le dio un tiro en su pierna derecha y se retiró del lugar”, denunció Kendris Caro, cónyuge de Camba, en una visita a Versión Final.

Denunció que el disparo efectuado por Atencio López "perforó la tibia y dejó fracturas" a su víctima. Aunque no le causó la muerte, el albañil quedó con una lesión permanente que le impide su libre movimiento corporal.

Justicia divina

Sólo bastó el secuestro de Ana Soto para que le llegara la justicia a Atencio López, quien se encuentra detenido junto a sus compañeros Jhonny Villasmil, Elvis Urquijo, Danys Aular y Dervis Madera.

Al momento de su denuncia, la esposa de Cambar exhortó a las autoridades del Estado a tomar medidas efectivas para que los efectivos de seguridad no continúen “violentando los Derechos Humanos” por pertenecer a algún cuerpo policial. Sin embargo, la familia afectada no obtuvo respuesta.

De no haber ocurrido este rapto a la ciudadana Soto, las denuncias hechas contra el funcionario en el Ministerio Público (MP), en el Cicpc y en la oficina de investigaciones de la Comandancia General del Cpbez, continuarían engavetadas.

Por acciones como estas, es imperativo que los organismos de seguridad se encarguen de evaluar a cada miembro de la institución policial. No es la primera vez que efectivos de seguridad son acusados ante la justicia por utilizar sus uniformes como escudos para cometer delitos.

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