Repetirán audiencia preliminar de los PNB implicados en caso de tortura
La audiencia preliminar de los ocho funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acusados de violación y tratos crueles en contra de un joven estudiante detenido en el contexto de las manifestaciones del 20 de julio de 2017 en Maracaibo, se repetirá este miércoles, 20 de Febrero, en el Juzgado 10 de Control del Estado Zulia.
La repetición de la audiencia obedece a la falta de eficiencia del Ministerio Público durante la fase de investigación del proceso. De acuerdo al criterio del tribunal, la fiscalía no ha sido diligente en la recabación de pruebas y el señalamiento de los responsables. Además, la jueza solicitó investigar la existencia de otras víctimas.
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), registró este caso desde julio del 2017 y desde entonces, la organización funge como representante en la defensa legal de la víctima.
Más víctimas
Una menor de edad denunció haber sido sometida a actos lascivos durante la detención de la que fue víctima, al igual que el joven defendido por Codhez, el 20 de julio de 2017 en el contexto de las manifestaciones que ocurrían en las inmediaciones de la sede de Corpoelec en el sector Amparo de la capital zuliana. Esta denuncia fue ignorada por la Fiscalía a pesar de que, de acuerdo a los estándares internacionales, califica como tortura sexual.
Aparte de esta denuncia, existen otras víctimas que también padecieron de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante las detenciones producidas en esta zona durante el 20 de julio de 2017. Reiteramos al Ministerio Público que estas víctimas deben incorporarse como partes del proceso.
Múltiples violaciones a derechos humanos
Alrededor de este caso, las irregularidades han sido constantes. En primer lugar, la audiencia fue diferida siete veces, lo que derivó en retardo procesal y resultó contrario al debido proceso. Asimismo, se obstaculizó la defensa de la víctima y su papel como parte del proceso, un hecho evidenciado en la negación de las copias certificadas del expediente al equipo de defensa de Codhez, que posteriormente fueron otorgadas por el Tribunal.
Si bien los funcionarios fueron acusados del delito de violación y trato cruel, existen elementos de convicción para un juzgamiento por el delito de tortura. Por tal motivo, se exhorta al Ministerio Público a realizar una investigación transparente acorde con su deber constitucional de prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos.
Este es un hecho en el que ocurrieron múltiples violaciones a los derechos humanos y por ello el sistema judicial venezolano debe actuar con más celeridad en la restitución de los derechos y la justicia para las víctimas.
