Hallan casquillos y ropa con sangre en Tumeremo

Un giro de 180 grados dan las investigaciones en torno a la desaparición de mineros, en Tumeremo, municipio Sifontes, del estado Bolívar. Y es que anoche, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes forman parte de una comisión mixta, policial y militar, que investiga el hecho, localizaron en la zona donde aparentemente se registró la masacre, varias prendas de vestir con rastros de sangre, al parecer, de las víctimas.

Familiares de los desaparecidos, quienes han permanecido protestando, desde el sábado, en la Troncal 10, –carretera que desde Tumeremo conduce a Santa Elena de Uairén–, vieron esas prendas que llevaron los funcionarios militares, y se alteraron, informó El Nacional.

Algunas de esas vestimentas tenían color pardo rojizo, lo que evidenció aún más, ante los parientes, que se habría registrado la matanza en la mina Atenas.

Los padres de los infortunados llamaron a testigos quienes vieron por última vez a los desaparecidos, para constatar el atuendo que estos portaban al momento del suceso. En medio de la desolación e indignación, los familiares, quienes hasta anoche permanecían en la troncal 10, oraron por sus desaparecidos y se colocaron en círculo ante la bandera nacional.

Medios de comunicación digitales también informaron sobre el hallazgo de presuntos casquillos percutidos en el lugar donde aparentemente ocurrió la masacre. Incluso publicaron en la red social fotos del sitio del suceso.

Aprueban comisión

Una comisión especial conformada por cinco diputados a la Asamblea Nacional fue aprobada ayer para investigar sobre la desaparición de 28 mineros en Tumeremo, y si en efecto, tal como lo denuncian familiares, se registró o no una masacre.

La comisión la preside el parlamentario bolivarense, Américo De Grazia, y la conforman sus compañeros de cá- mara, Rachid Yasbek, Olivia Lozano, Luis Silva y José Hernández.

De Grazia planteó que en la investigación del caso participen organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales, para ahondar en la verdad sobre lo sucedido. Se re rió a Human Rights Watch, Provea, Cofavic y el Foro Penal.

Recordó que antes del año 2000 no había secuestros en Bolívar, y que desde el 26 de septiembre de 2006 se instauró la masacre en las minas, al referirse al caso de La Paragua, con saldo de seis muertos.

“El gobernador Rangel Gómez había manifestado en ese momento que eso era un invento; pero uno de los sobrevivientes contó lo que ocurrió. Hay dos o ciales del Ejército presos”, detalló. “Hoy, el gobernador Rangel dice lo mismo, que es una masacre virtual”, cuestionó De Grazia.

Precisó que las minas las entregaron a los “prames” y por eso se suscitan esos eventos de sangre. Habló de la existencia de cinco bandas armadas, en una población de 50 mil habitantes, que actúan a sus anchas.

“Si esa vía –la troncal 10– no se cierra, pasa lo mismo que en La Paragua, pues las autoridades negaron en todo momento que hubo una masacre”.

A otras ciudades

El fiscal superior del estado Bolívar, Israel Pérez, señaló que el Ministerio Público garantiza el resguardo de la identidad de las víctimas y familiares de los desaparecidos el pasado viernes 4, en una mina de la zona.

Además de investigar, el Ministerio Público hará cumplir la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, cuya norma en su artículo 23, numeral primero, establece que se garantizará durante el proceso penal la identidad de la víctima y demás sujetos procesales, “su domicilio, profesión y lugar de trabajo”, puntualizó Pérez.

No descartó la posibilidad del traslado de víctimas y familiares a otros estados o ciudades del país, en caso necesario, como lo establece el artículo 26 de la mencionada ley.

Diálogo de la FANB

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó pronunciamientos a través de los cuales acusan a la FANB “de ser los artífices y en algunos casos cómplices de una aberración como esta”, en referencia a la presunta masacre en Tumeremo.

“Tenemos más de mil hombres buscando, actuando, conversando con el pueblo, con las familias de las supuestas víctimas. Hemos hecho un despliegue extraordinario por aire, por mar, por río con toda nuestra Fuerza Armada en cooperación con organismos del Estado”, indicó Padrino, en declaración publicada por El Universal.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aludió la recolección de indicios que podrían determinar la comisión de hechos punibles, “que el Estado venezolano jamás dejará en la impunidad”. Aseveró que hay algunos ciudadanos identificados, en referencia a presuntos responsables de la masacre. Delegó una comisión de cuatro personas del organismo que dirige para recolectar información sobre el caso.

Indicó que esa comisión ha realizado entrevistas a familiares y testigos y espera resultados de las investigaciones, “que no estén contaminados”.