Fiscalía pide radicar caso de Curiel y funcionarios del Diep fuera del Zulia
“Todos ellos fueron seleccionados al azar para tratar de cubrir la verdad”, sentenciaron los familiares de Luis Curiel, exdirector de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) y cinco funcionarios del organismo adscrito al Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), quienes fueron acusados de presuntamente estar implicados en el asesinato del Comisario Benito Cobis y su escolta, el pasado 5 de octubre en Cabimas.
La Fiscalía Séptima del Ministerio Público, con sede en Cabimas, solicitó ante el referido tribunal las órdenes la aprehensión por la presunta comisión de los delitos de cooperadores inmediatos en el homicidio intencional calificado con premeditación y alevosía, asociación para delinquir y uso indebido de arma orgánica, contra Luis Oswaldo Curiel Fernández, exjefe de la Diep; Jhonny Alberto Rodríguez Canelón, supervisor jefe de la Diep; y Amancio Antonio Rodríguez Medero; Elio Enrique Urdaneta Quintero; José Miguel Morles Meléndez; Ronny Enrique Ortigoza Parra, funcionarios adscritos al organismo.
La referida fiscalía, pidió la radicación de la causa al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el que ordeno al Tribunal Segundo de Control la paralización de la causa a la espera de la respuesta de la solicitud de la fiscalía; el TSJ tiene 10 días hábiles para decidir pero puede hacer en un plazo menor, sería casi un hecho que los funcionarios sean trasladados a un recinto carcelario de la capital, no se descarta que sea El Helicoide.
Siete días después de la detención nos anuncian que hay una solicitud para radicar la causa, cuando eso no lo establece la ley, una vez que ellos son detenidos tienen que ser puesto a disposición del juzgado y en el lapso correspondiente de 12 horas, dictar una decisión”, argumentó el bufete.
Los defensores, alegan que estas acciones “no hay garantías de un debido proceso y se están violando los derechos. Hay rumores de que van a ser trasladados a Caracas, vemos entonces la injerencia ante el Poder Judicial”.
Familiares claman justicia
Ellos son funcionarios de buena trayectoria y amigos del comisario Cobis, por lo que no hay ningún motivo para cometer el suceso, detrás de estas acusaciones hay un tras fondo oculto. Son seis personas inocentes y se les han violado sus derechos, por eso exigimos justicia y que nos los dejen ver”, resaltó la esposa de Rodríguez Canelón, de 41 años, quien fue imputado luego de que su arma de reglamento resultara positiva con las conchas colectadas en el sitio del suceso.
“A él (Rodríguez) lo engañaron, porque le dijeron que tenía que llevar su arma de reglamento y lo señalaron como culpable. No hemos podido hablar con él, no sabemos cómo están. Conocemos que duermen en el piso y tenemos pruebas”, añadió.
Los parientes de los privados de libertad, repudiaron que los funcionarios fueran señalados como “personas de alta peligrosidad”, y aseguraron que pueden demostrar que la madrugada del suceso del comisario Cobis y su escolta, se encontraban en sus hogares por grabaciones de cámaras de seguridad.
Todos nosotros tenemos ocho días sin saber de ellos (detenidos), no sabemos cuáles son sus condiciones, si comen o no, porque ni siquiera nos dejan ir a verlos. Pedimos que se haga justicia pero con la verdad”, refirieron.
El defensor de Luis Curiel, denunció que “en el acta de expediente no reposa ninguna denuncia ni por parte de los familiares de la víctima, ni de un tercero, dónde diga que él ordenó matar a Benito Cobis”.
Argumentó que “no es posible” realizar una detención “arbitraria, porque no había ninguna orden de captura” y enfatizaron que el Estado “busca pruebas y siembra evidencias como mejor les parece”.
En cabeza de quién se les ocurre pensar que van a matar al comisario Benito Cobis con su arma de reglamento y lo van a seguir desde la sede del Diep de Cuatricenteario hasta la Lara-Zulia en sus propios vehículos y con sus propias armas”, sentenció el defensor de Curiel.
El bufete sostuvo que las medidas contra los privados de libertad, se realizan por las “exigencias” de respuesta ante el suceso contra el comisario Benito Cobis, “sin cumplir” con la respectiva recolección de evidencias que “fue realizada por familiares de la víctimas”.
