Fijan nuevamente audiencia de juicio del caso de tortura registrado en Zulia
Para este miércoles 7 de agosto, se encuentra fijada nuevamente la audiencia de juicio de los exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acusados por violación y tratos crueles cometidos en perjuicio de un joven estudiante en el contexto de las manifestaciones de 2017.
La nueva fijación de la audiencia oral y publica ocurre luego de que la Corte de Apelaciones delCircuito Judicial Penal del Estado Zulia decretara con lugar el recurso de apelación presentado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Esta decisión representa un reconocimiento al derecho de defensa de la víctima, puesto que, en principio, el Juzgado de Control había desestimado las pruebas promovidas por Codhez.
En consecuencia, con la admisión de las pruebas promovidas por la acusación particular propia, existen mayores posibilidades dellevar a cabo un proceso más exhaustivo y transparente que ayude a la reparación de los derechos de la víctima y la condena a los responsables.
No obstante, Codhez reitera que el Estado venezolano sigue sin juzgar el delito de tortura en sus tribunales. A pesar deque en este caso existen serios elementos de convicción que prueban la perpetración de la tortura, los acusados serán juzgados por los delitos de violación y tratos crueles, inhumanos y degradantes, una situación que disminuye las posibilidades para la obtención de una justicia plena y que es cada vez más preocupante, ante el incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles en el país.
La organización también alerta sobre el retardo procesal presente en este caso. En 2018, la audiencia preliminar fue diferida 6 veces, mientras que este año, la apertura a juicio ha sido diferida en dos oportunidades. Este vicio en el sistema judicial venezolano, constituye uno de los grandes obstáculos para el acceso a la justicia en el país.
Codhez reitera queel Estado venezolano debe dar cumplimiento a sus obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación integral a las víctimas de violaciones alos derechos humanos, un compromiso asumido expresamente por el gobierno en la última visita dela Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
