Cómplice de “narcosobrinos” votaba en colegio de La Lago
Los dos hombres presuntamente vinculados con el escándalo de los “narcosobrinos”, conocidos por los alias “El Gocho” y “Pepero”, fueron identificados por investigadores que llevan el caso.
Desde el pasado 22 de julio el Ministerio Público venezolano procesa la investigación por el caso de Campos Flores y Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro, quienes confesaron su participación y narraron todos los actos realizados y las personas participantes.
Los supuestos operadores fueron mencionados por los “narcosobrinos” con los seudónimos “El Gocho” y “Pepero”.
“El Gocho” fue identificado como Juan Carlos González Contreras, con cédula venezolana número 12.231.506 y posee orden de aprehensión y difusión roja desde el 4 de Junio de 2009, emitida por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de control con competencia por los delitos vinculados con el terrorismo, extorsión, secuestro, asociados a paramilitares o guerrillas a nivel nacional del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
La información reseñada consta en el Expediente: Nº 6C-13832-09, por los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, oficio N° 237-10, División Nacional de Capturas del Cicpc. La orden de Aprehensión sería la 016-10.
González Contreras está inscrito en el CNE en el centro de votación Bellas Artes, ubicado en el sector La Lago.
González Contreras sería, de acuerdo con los testimonios de Campos Flores y Flores de Freitas, quien le habría entregado el alijo de droga.
Alias “Pepero”, por su parte, fue identificado como José Alberto Socorro Fernández, cédula de identidad 14.233.653. Aparece inscrito como elector activo del centro de votación urbanización Santa María, Caracas. Socorro Fernández habría sido el responsable de conectar a los “narcosobrinos” con “El Gocho”.
Campos Flores y Flores de Freitas fueron detenidos por funcionarios de la DEA en Haití en noviembre de 2015 con 800 kilogramos de droga y entregados a agentes de la Administración de Control de Drogas, que los llevaron a Nueva York, donde son procesados bajo cargos de narcotráfico.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Cancillería de Venezuela, solicitó la cooperación a los fines de la identificación de los participantes. El Ministerio Público para cumplir con la cooperación, abrió una investigación y trascendió, según fuentes vinculadas al caso, que a pesar de tener las resultas de la misma no ha dado contestación a dicha solicitud.
