Colapso de comandos policiales propicia la fuga de reclusos

“Las fugas que se registran de los calabozos de comandos policiales se producen porque el número de presos sobrepasa al de los policías”. Así lo señaló el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.

La situación en Maracaibo y en el Zulia es particular. Desde hace tres años y 10 meses, no existe en la entidad un centro para el cumplimiento de la pena ni una cárcel, pues la de Sabaneta fue cerrada el pasado 21 de septiembre de 2013, luego de una matanza que se originó cinco días antes, con saldo de 16 muertos.

Hace un año y tres meses fue cerrado el retén de El Marite, para que este sea remodelado, labor que aún no ha concluido. Desde ese entonces, los privados de libertad, en Maracaibo y otros municipios, permanecen en los calabozos de centros de coordinación policial del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), policías municipales, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), entre otros.

En 16 meses, 77 detenidos han protagonizado fugas, de calabozos ubicados en centros de coordinación policial del Cpbez, Policía de San Francisco, Cicpc, subdelegación Villa del Rosario, y en el retén de Cabimas.

La evasión de 18 internos del centro de arrestos de la COL abrió ese fatídico conteo. Fue el 7 de abril de 2016 cuando se registró ese hecho, que dejó a varios policías golpeados. De los fugados, solo uno fue recapturado: Jhoan Manuel Díaz, 11 días después, en un puesto de control de la GNB, en el municipio Baralt. Otros seis fueron liquidados en enfrentamientos con fuerzas policiales, en distintas fechas. El último fue César Romero Pirela, “Cesita”, el pasado 4 de febrero, al enfrentar al Cpbez, en Punta Iguana Norte, municipio Santa Rita.

De los 77 evadidos, dos huyeron de hospitales. Rawy Pérez, procesado por narcotráfico, del Hospital General de Santa Bárbara del Zulia, el pasado 24 de junio, y un detenido por robo, Deivis Herrera, cuatro días después, del Hospital General del Sur. El primero, procedente del retén de San Carlos, tenía tuberculosis, y el segundo, del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de San Francisco, había presentado quebrantos de salud.

Policías “cuidapresos”

Prado cuestiona que una considerable cantidad de policías, en lugar de estar cuidando a la ciudadanía, que paga impuestos, se dedique a vigilar a los presos en los comandos policiales.

“Cuando los reos se fugan, no es que les ganan en descuido a los policías. Estos no tienen la capacidad para resguardar calabozos policiales, pues los sobrepasan”, apuntó.

“Existe un espacio para 30 personas, pero por lo general hay 200. Cuando la visita va a ese recinto, empeora la situación. Un policía municipal o regional requisa comida y huele a los presos. Tienen que adaptar, de las instalaciones policiales, habitaciones u o cinas y convertirlas en calabozos”.

“Debe cumplirse lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en cuanto al procedimiento, y deben estar articulados la policía con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Además, un juez destina a un detenido a un centro de reclusión o a un internado judicial, y deben trasladarlo de inmediato. Si no se cumple esa orden, hay desacato y si el director de un penal no lo quiere recibir, el juez debe imponerse por la decisión tomada”, expresó el director del OVP.

El abogado criminólogo Javier Gorriño argumenta que el exceso de reos que tenían las grandes cárceles fue trasladado hasta las comisarías.

“Hay muchos policías que en vez de estar cuidando a la ciudadanía están cuidando presos. Se presenta el peligro de fugas, como se han dado, porque es difícil la custodia en estos centros pues no están acondicionados para muchos detenidos”.

El coordinador de la ONG Una ventana a la libertad (UVAL), Carlos Nieto Palma, asegura que un 30 por ciento de los policías se dedica a vigilar a los presos de los comandos policiales, “en lugar de prestar más seguridad en las calles”. “Hay un 300 por ciento de hacinamiento en Venezuela”, añadió.

No más de 96 horas

Prado aseveró que ningún detenido deberá permanecer más de 96 horas en el calabozo del comando policial, una vez que el juez decrete su privativa de libertad, de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

“A ese detenido lo ponen a la orden del fiscal, quien prepara su presentación, transcurren los dos días que tiene el tribunal para decidir si se queda o se va. En caso de determinar esa privativa, esa persona debe salir de inmediato a un internado judicial. No se puede quedar en un retén policial, porque el internado judicial reúne las características para una persona que está en detención preventiva, mientras dure su juicio. Y después de tener una sentencia firme debe ir a un centro de cumplimiento de pena”, indicó.

En cuanto al número de privados de libertad a la orden del Ministerio para el Servicio Penitenciario, Humberto Prado estima la existencia de 55 mil en Venezuela.

Nieto Palma calcula que hay unos 45 mil presos que colman las celdas de los comandos policiales regionales, municipales y de otras dependencias. Afirma que existen más de 100 mil reclusos en todo el país.