A 14 meses del atentado con granada en Versión Final se mantiene la impunidad

El pasado 29 de agosto, Versión Final conmemoró el aniversario de aquel ataque con explosivo en el que resultaron destruidos los carros de los jefes de Redacción del periódico, Neiro Palmar y Rául Semprún, un Hyundai Elantra y un Toyota Yaris, respectivamente; un Nissan Sentra, perteneciente a la flota de Versión Final; y una Toyota Terios, de un cliente.

Las cuatro unidades fueron abrasadas por la candela que se produjo luego del estallido de la granada fragmentaria. Los Bomberos de Maracaibo tardaron 45 minutos para arribar al estacionamiento del rotativo. Las autoridades se excusaron entonces. Alegaron que esperaban una gandola con 40 mil litros de agua, especial para este tipo de siniestros.

Fueron los propios trabajadores de Versión Final quienes con tobos trataron de apaciguar las llamas, pero pudieron hacer nada.

El entonces secretario de Seguridad y Orden Público del Zulia, Biagio Parisi, declaró: “El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), coordinan las actuaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables que causaron el hecho". Esas palabras quedaron en nada.

La inspección

Una comisión del Sebin arribó a la sede del periódico. Los explosivistas realizaron una inspección en el estacionamiento, entre las unidades quemadas. Valiéndose de un can, localizaron el epicentro de la explosión, tomaron un mecate amarillo y lo colocaron debajo de la capota del Nissan Sentra.

Con la ayuda de una grúa, levantaron la unidad. En ese momento, encontraron la palanca de seguridad de la granada que, tras investigaciones, se constató que era fragmentaria. Según los especialistas, el artefacto explosivo era capaz de proyectar metrallas hasta un radio de 230 metros de distancia. Poco más de dos cuadras a la redonda.

El comisario del Sebin y Jefe de Investigaciones de la Base Territorial Maracaibo, José Gregorio Bolívar Martínez, fue el designado para presidir la investigación del atentado. Sin embargo, once meses después el funcionario fue en un intento de robo dentro de su residencia.

El hecho se registró a las 8:30 de la noche, en la urbanización Pueblo Lindo, sector El Trapiche, parroquia El Cují, municipio Iribarren, en el estado Lara.Los delincuentes ingresaron a su hogar para despojarle de sus pertenencias, pero el funcionario intentó defenderse con su arma de reglamento y se produjo un intercambio de disparos dentro del inmueble

El caso quedó a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público. Más allá de haber ordenado, esta institución, que los carros quemados y vueltos chatarra podían ser removidos, hace unos dos meses, por ahora se desconoce cómo van las investigaciones.

Tampoco se ha reportado la detención de los responsables en torno al macabro suceso. Han sido un año y seis días sin que se haga justicia.

A punta de granadas intentaron callarnos

Neiro Palmar, quien ocupó el cargo de director web de Versión Final, apuntó que "como suele ocurrir con la mayoría de los casos judiciales en nuestro país, cuando el dinero o el tráfico de influencias no está presente, el nuestro fue engavetado y olvidado en los archivos de la Fiscalía del Ministerio Público. Pareciera que atacar con granadas fragmentarias la sede de un periódico, y peor aún destruir los bienes personales (vehículos) de sus periodistas, es algo común y de muy poco importancia para al actual Gobierno".

"Un año después de ese ataque, aún no hay responsables por este atentado, pareciera que algún factor político radical se sintió amenazado o señalado por la libertad de expresión. Una granada no se compra en un abasto de la esquina, esto fue un hecho planificado y tenía un fin: callarnos, amedrentarnos y coartar el constitucional derecho de informar. La persecución y la intimidación no funcionarán con nuestra responsabilidad social y ética", dijo Palmar.

El periodista zuliano, aunque admitió temer por su vida y la integridad de su familia, aseguró que "un año después de ese vil atentado, aquí seguimos ejerciendo nuestra digna profesión en circunstancias adversas y a expensas que en cualquier momento volvamos a ser objeto de un ataque. Aún no he podido comprar otro carro y veo lejana esa posibilidad por la crisis país, pero tengo mi conciencia limpia y la tranquilidad de saber que hicimos lo correcto, que ejercimos un periodismo veraz y equilibrado".

Indolencia

Raúl Semprún, jefe de redacción del rotativo, denunció que la indolencia del Ministerio Pùblico y del Sebin, así como de las autoridades regionales y nacionales, fueron desde lo ocurrido, un signo.  “Ni siquiera el entonces gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, se pronunció ese día y pudimos haber muerto. Yo acababa de llegar y pude haber muerto, pero eso no le importó a nadie. Mis contactos en las fuerzas de seguridad hablan de dos hipótesis: de un ataque de un grupo hamponil poderoso o de un tema de retaliación política, pero los jefes policiales ni la Fiscalía precisan quién estuvo detrás del suceso”.

Semprún, con 20 años de experiencia en medios regionales, asegura que aún siente temor a ejercer, aunque nunca dejaron de hacerlo, siempre con el postulado de la defensa del periodismo serio, profundo y equilibrado. “Recuerdo que mis vecinos me alertaron de un carro cerca de mi casa como a la espera de que yo saliera. Tuve que irme a vivir en casa de un familiar en esos días. No confiaba en denunciar porque la propia policía se metió tres meses antes en el periódico en una incursión violenta”.

El periodista se refiere a lo sucedido el 3 de mayo de 2017, cuando un grupo de 10 funcionarios de la policía regional del estado Zulia ingresaron violentamente a la sede del diario Versión Final poniendo en riesgo y comprometiendo la vida de los trabajadores que a esa hora se encontraban en las oficinas del periódico regional. Los agentes apuntaron con sus armas a personal del periódico y amenazaron a los presentes.