TSJ permite a la FANB usar armas de fuego en manifestaciones violentas
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó, mediante la sentencia 00840 con fecha del 27 de julio, la resolución emanada del Ministerio de la Defensa la cual le permite a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones públicas.
Pese a que los magistrados de la Sala Político Administrativa del TSJ admitieron un recurso de anulación presentado por la diputada Delsa Solórzano en febrero de 2015 para suspender la resolución 8610 del Ministerio de Defensa, éste fue declarado improcedente bajo alegatos de que no se infringe el derecho a la manifestación pacífica.
“Lo que está prohibido por el texto constitucional es el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, no así en aquellas que sean violentas o que se tornen violentas”, explicaron desde el seno del TSJ.
La Sala competente añadió que la mencionada resolución tampoco pretende cercenar la libertad de expresión, ya que todos los ciudadanos conservan su derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones con las limitaciones establecidas en la ley.
Sin embargo, afirmaron que toda actuación debe ser respetuosa de los derechos humanos, el derecho a la vida y a la integridad personal.
Por su parte, la presidente de la Comisión de Política interior, diputada Delsa Solórzano, rechazó de manera contundente la sentencia y tachó al Poder Judicial de ser un “antro de corrupción jurídica”, que opera como bufete privado de Maduro.
“El TSJ es muy diligente para anular las decisiones de la Asamblea Nacional, pero no lo es cuando se trata de los ciudadanos. Hoy a más de año y medio después que fue introducida la medida cautelar y el recurso de nulidad, niegan la cautelar que permite que siga vigente la resolución que consideran una maravilla. Será para ellos que son unos represores, pero para los que creemos en la paz y la democracia esa resolución viola el derecho a la vida”, enfatizó.
La parlamentaria garantizó que estudiará las decisiones jurídicas con el concejal del municipio Chacao, Manuel Rojas Pérez, y que en los próximos días informará las acciones legales que tomarán al respecto.
La decisión se produce tras un aumento de manifestaciones en reclamo de alimentos y medicinas, que según la firma Datanálisis llega a 80%. Además, según las estimaciones del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el país se registraron 3.507 protestas en el primer semestre de 2016, de las cuales un 27% fueron por el desabastecimiento.
Asimismo, se estima que en el mismo lapso ocurrieron 416 saqueos o intentos de saqueos en el mismo período de tiempo.
