Transparencia Venezuela: Asfixia económica es la nueva forma de censura a medios
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela afirmó que la asfixia económica se ha transformado en una nueva arma del poder para censurar a los medios de comunicación.
Según detallan en su nuevo microsite, Transparencia Venezuela señaló que de 47 medios impresos que había en la Gran Caracas, Lara, Monagas, Táchira, Barinas, Bolívar, Carabobo y Zulia solo 24 están circulando actualmente en papel, 12 continúan en línea, y los otros 11 cerraron definitivamente operaciones.
La organización encabezó una investigación colaborativa que muestra cómo ha sido la destrucción de los medios impresos en el país. En ocho crónicas y un reportaje publicados el domingo 11 de noviembre se describen los patrones de asfixia económica como un modo de eliminar canales de libertad de expresión y alcanzar la hegemonía comunicacional.
Entre los resultados de la investigación se destaca que el desplome de los impresos comenzó cuando el sistema de asignación de divisas del Estado, Cadivi, dejó por fuera a los medios de comunicación en medio de un férreo control de cambio.
Además, la creación del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM) en 2013, cuya misión sería la de centralizar la compra de insumos para la prensa, fue condicionando el acceso de los medios impresos a estos bienes mediante chantajes políticos, precios desproporcionados para unos bienes que fueron comprados con dineros públicos y desvío de materias primas hacia mercado negro.
En las crónicas reseñan que a través de la publicidad estatal el gobierno presionó a los medios para exigir complacencia en sus líneas editoriales en relación a instituciones, funcionarios y empresarios relacionados con el chavismo.
También, en medio de la crisis provocada por los controles del Estado sobre el sistema económico, la publicidad de los privados se desvaneció con el quiebre y las confiscaciones, o simplemente porque ya el presupuesto no daba para mucho.
Los trabajos también destacan el gran impacto que generó en los medios la persecución que se hizo a través de leyes discrecionales y procedimientos administrativos amañados, y que resultaron en multas desproporcionadas, como ocurrió con La Prensa de Barinas, TalCual y Correo del Caroní.
