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Sin luz solar: Las condiciones de los detenidos de Pdvsa en “La Tumba”

Las acusaciones de Venezuela se basan en informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, país europeo que supuestamente usaron los miembros del “grupo Salazar” para esconder el dinero de las comisiones de Pdvsa

Las condiciones carcelarias que ofrece el servicio penitenciario en Venezuela no son las más anheladas. Sin distinción de cargos o posturas políticas, quienes son privados de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de plaza Venezuela, conocida como "La Tumba", viven situaciones inhumanas.

Diego Salazar y José Enrique Luongo, detenidos desde el 2 de diciembre de 2017 por corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pduvsa) durante la presidencia de Hugo Chávez, permanecen recluidos en La Tumba, donde desde entonces solo han visto 15 horas de luz solar y no han pasado aún ante un juez, relataron a EFE fuentes de su entorno.

Entre ellos son primos lejanos y Salazar es, a su vez, primo hermano del exministro de Energía y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, uno de los hombres más poderosos de Venezuela cuando Chávez estaba en el poder y en la actualidad exiliado, sin que se conozca su paradero.

“Es un lugar tan blanco y frío como un quirófano; la asepsia es casi la de un hospital y su blancura y su brillo es el de un quirófano”, relataron las fuentes.

Diego Salazar da nombre al llamado “grupo Salazar”, un conjunto de personas perseguidas por las autoridades venezolanas y relacionadas con Ramírez, a quien supuestamente ayudaron a desviar fondos de la petrolera estatal, que presidió de 2004 a 2014.

En el caso de Salazar, de 50 años, los abogados alegaron que padece un trastorno bipolar y muestra pensamientos suicidas, sobre todo después de que la Justicia venezolana echara a su mujer y tres hijos de su domicilio y una de sus niñas intentara suicidarse.

“Cuando estás ahí 24 horas al día y tienes algún antecedente psiquiátrico, te altera tu estabilidad emocional”, resumió su entorno, que explica que su estado físico se ha deteriorado.

Salazar ha reclamado una docena de veces al juzgado y a la Fiscalía venezolana que le examine un psiquiatra y que se designe un fiscal para investigar las condiciones de su reclusión, pero no lo ha logrado.

Su situación se extiende a su familia, ya que la Justicia ha quitado los pasaportes venezolano e italiano a sus tres hijos (uno de 12 años y dos gemelas de 15), reconociendo que la medida persigue prevenir la posible fuga de la madre, también imputada.

El caso de Luongo, de 64 años, es parecido. Su defensa afirmó que padece demencia senil y requiere de un control neurológico constante, cosa que no se le ha facilitado en su celda de La Tumba.

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