¿Qué hay tras la aprobación del antejuicio a Maduro?
Después de que la Asamblea Nacional (AN) aprobara la continuidad de un antejuicio de mérito por implicaciones de corrupción al presidente Nicolás Maduro, las expectativas por una salida constitucional a la coyuntura política aumentaron en la opinión pública.
Según el diputado a la AN, Juan Guaidó, lo que prosigue después de la decisión tomada por el Parlamento implica un proceso legal con la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega, y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exiliado.
Sin embargo, las competencias jurídicas del ente judicial designado por la AN son pocos esclarecidos ante las acciones que puedan ejecutar con respecto al antejuicio de mérito al Presidente.
Según el politólogo Carlos Raúl Hernández, el Parlamento se cuida de calificar a los magistrados en el exilio como Poder Judicial: “Hasta ahora no lo han dicho. Además, el TSJ está conformado por 32 magistrados y sus suplentes, los jueces en el exilio son apenas un grupo que no integra el poder en su conjunto”.
Considera que muchas personas que se oponen al Gobierno nacional, después de la sesión ordinaria de la AN, “se han creado expectativas. Un acto simbólico como este solo les crea la idea de que el Presidente va a tener que renunciar y, en todo caso, como resultado obtendría una orden de encarcelamiento. Lo malo es que cuando se den cuenta de que eso no sucederá tienen una nueva ola de desaliento”.
TSJ legítimo
La exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol, dista de la opinión de Hernández y asegura que el grupo de jueces en el exilio conforman el único Poder Judicial legítimo en el país.
“Es bueno recordar que esos magistrados no están aquí no porque no quieran, sino porque el régimen los persiguió por ser designados legítimamente. Quienes pretenden sustituirlos aquí están usurpando sus funciones”, explica Mármol.
“El Presidente que ostenta el cargo en este momento, después de la medida tomada por la AN, quedó totalmente separado de su cargo”, explica Mármol y reseña que según la comisión de delitos, a través del artículo 380 del Código Penal, se avala la separación del cargo y la inhabilitación para el desempeño de funciones públicas.
Enfatiza que el mandatario debería ser sustituido por el vicepresidente de la República y, en el período que transcurra el antejuicio, el jefe de Estado no puede siquiera participar en los comicios electorales.
Más desconocimiento
“Internacionalmente Nicolás Maduro no es reconocido y, con un juicio en su contra, queda aún más deslegitimado en el ejercicio de su presidencia”, asevera la exmagistrada.
A juicio del también exmagistrado del ente judicial, Perkins Rocha, la coalición opositora entendió el mensaje de la comunidad internacional al dejar al mandatario ante un “tránsito a ser suspendido legalmente”, luego de lo acordado por el Parlamento.
“Estamos hablando de una justicia universal que no solo persigue violaciones de Derechos Humanos, sino el agelo de narcotráfico y corrupción. Lo que se pretende llevar a cabo es la investigación de unos delitos que Maduro ha realizado durante su período de tiempo”, resaltó en una entrevista a Unión Radio.
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, Diana Romero, afirma que en las circunstancias judiciales en las que se encuentra el mandatario nacional, este debe colocar su cargo a disposición. “Se trata de que la situación ya está aprobada y ahora hay que velar porque se proceda el antejuicio de mérito”.
