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Parlamento mirandino denunciará a Capriles por "promoción de violencia y llamados injerencistas"

El Consejo Legislativo del estado Miranda solicitará ante el Ministerio Público (MP) que inicie un proceso de investigación formal contra el gobernador de la entidad, Henrique Capriles, por presuntamente incurrir en la promoción de grupos violentos y el llamado a la injerencia extranjera, lo que contraviene las leyes de la República.

En entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), la presidenta del parlamento mirandino, Aurora Morales, recordó que esta es la segunda solicitud que se introducirá ante el MP con pruebas que demuestran los planes desestabilizadores de Capriles y llamados intervencionistas a gobiernos extranjeros, situación que violenta la estabilidad social y soberanía de Venezuela.

En ese sentido, indicó que desde el parlamento mirandino no se permitirá que se traicione a la Patria con "conspiraciones ni desestabilizaciones".

"Es una solicitud para denunciar los permanentes llamados a incitación de la violencia y por la conducta asumida por Capriles públicamente en ruedas de prensa y entrevistas televisivas asumidas dentro y fuera del país pidiendo la injerencia de Gobiernos hostiles a Venezuela (..) Para nosotros es grave estas aseveraciones porque los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver los venezolanos y tiene que ser a través de la vía pacífica y democrática y no por agentes extranjeros", explicó.

La tarde de este martes, en sesión ordinaria, celebrada en la sede del parlamento mirandino en Los Teques, el Bloque Socialista aprobó iniciar esta solicitud de investigación a Capriles.

En junio del 2016, varios concejales consignaron un documento para solicitar un proceso de averiguación y denunciar el abandono de cargo y funciones por parte de Capriles.

Asimismo, la Contraloría General de la República impuso una inhabilitación administrativa por 15 años a Capriles, tras incurrir en faltas administrativas como no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, firmar acuerdos internacionales contraviniendo la normativa venezolana y asignar obras a contratistas sin cumplir con la ley.

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