Padrino confundió orden público con defensa nacional
Un muerto y cuatro heridos a manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el distribuidor Altamira, en Caracas, durante la marcha opositora que el lunes pretendía llegar hasta el Consejo Nacional Electoral. Las informaciones preliminares de la Defensoría del Pueblo confirmaron la veracidad de los videos que captaron el asesinato de Fabián Urbina, de 17 años: dos sargentos usaron armas de fuego contra los manifestantes, prohibido en el artículo 68 de la Constitución Bolivariana de 1999, todavía vigente.
“Hemos solicitado que ambos funcionarios sean puestos a la orden de las autoridades competentes para determinar su responsabilidad. La Defensoría ha advertido que las fuerzas del orden público deben actuar en estricto apego al uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza. Quienes violen ese precepto, deben responder ante los órganos de justicia”, tuiteó Tareck William Saab, titular de ese despacho.
Y los detuvieron. Los identificaron como Raymon Ávila León, sargento primero; y un sargento segundo apellidado Rojas Díaz. Por lo que se aprecia en los videos de la protesta, había un tercer guardia armado. Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, al igual que Saab, prometió que iba a determinar “la responsabilidad individual” de los pistoleros.
Pero Clíver Alcalá Cordones, mayor general (r) del Ejército, por ejemplo, cree que hay que buscar la responsabilidad más arriba en la cadena de mando. “Ellos creen que solventan todo poniendo preso al sargento que disparó y que cometió el asesinato, pero, ¿y el comandante que le permitió sacar el arma de fuego para una operación de orden público?”.
Opina que la muerte de Urbina —y la de decenas de manifestantes— son producto de un plan que está fuera del protocolo de la tradición militar.
“¿Qué me da a entender a mí?, que este plan se hizo en Miraflores, no sé si en presencia de militares, o si esos militares desconocían los protocolos, porque a lo mejor no han salido de Caracas o porque no han tenido la experiencia. Entonces suceden las improvisaciones”.
El antecedente
El 27 de enero de 2015 se publicó en Gaceta Oficial N° 40.589 una resolución del Ministerio de la Defensa que regula el control de las manifestaciones públicas. Lleva el número 008610 y le permite a los uniformados “hasta el uso del arma de fuego” según el comportamiento de los manifestantes.
El artículo 24 establece que los funcionarios pueden usar armas de fuego “cuando sea inevitable”, pero no sin tomar “precauciones especiales para proteger la vida humana”; también tienen que proceder de modo que “se preste asistencia y servicios médicos” a los heridos, y “notificar lo sucedido a los parientes o personas cercanas” al lesionado o fallecido a la brevedad posible.
Es decir, que el perpetrador de la muerte tiene que notificarles a los familiares del fallecido lo ocurrido.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, defendió la resolución ante el maremoto de críticas que suscitó: “Hay que leer bien el contenido; creo que están descontextualizando la resolución, creo que están extrayendo con pinzas expresiones”.
“Pareciera que Padrino López no entendió en ese momento que orden público no era defensa nacional, ni siquiera en orden interno se pueden utilizar armas letales”, replica Alcalá Cordones, para quien tampoco es válido el discurso oficial según el cual la GNB no contiene manifestantes, sino terroristas, como disparador de estas conductas de los guardias.
“Tú le puedes aceptar eso a Maduro, que no estudió geopolítica, que no estudió Derecho, que no se formó, que es un iletrado, que se ha hecho a la sazón de un discurso que no tiene valores, que solo él se lo cree. A Padrino no se lo puedes aceptar, Padrino es un oficial que en su formación y sus cursos lo celebraron porque siempre estuvo entre los primeros. Parece que lo absorbió la anarquía que el presidente Maduro y su primera combatiente han instalado en Venezuela”.
Un patrón
Pernos y metras también se han empleado para controlar las protestas, según las denuncias que llegan a la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez). Daniel Guerra, su coordinador general, opina que con más de 70 muertos en las protestas “se ve que hay un patrón de uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones y las investigaciones no pueden ir únicamente a imputar a los más bajos en las cadenas de mando”.
El general Antonio Benavides Torres, hasta ayer comandante general de la GNB, también escribió vía Twitter que si “un efectivo” había soslayado la orden de no usar armas de fuego en las protestas, “el individuo” sería puesto a las órdenes de las autoridades para que asumiera su responsabilidad. La institución, al parecer, no tiene responsabilidad alguna.
“Las autoridades están siguiendo unas órdenes, órdenes que si uno analiza los discursos de quienes dirigen a la GNB, como el ministro Reverol, podemos notar que hay un discurso de odio y que a pesar de que dice que condena y sanciona este tipo de acciones, no está demostrando que esté tomando acciones para limitar este tipo de hechos”, añade Guerra.
La resolución N° 008610 es inconstitucional, afirma, porque la protesta es un derecho que no puede controlarse con armas letales. Además, una resolución no puede contradecir la Carta Magna.
“El alto nivel de impunidad también propicia que los funcionarios procedan sin apego a los protocolos de actuación. Tal vez si se hiciera énfasis en el tipo de sanción que tendrán estos funcionarios, pueda tener un efecto replicador, que llegue a otros funcionarios que se encuentren en la misma situación y entiendan el riesgo que asumen”.
La Fuerza Armada, chavista en sus consignas, pareciera haber olvidado los relatos del fallecido Hugo Chávez. Este es del 14 de agosto de 2011, a su regreso de un ciclo de radioterapias en Cuba: “Los escuálidos se malacostumbraron a que un grupo de gente con uniforme se les subordinara a todas sus vagabunderías, durante mucho tiempo. Incluso, llegaron al extremo de mandarnos a masacrar a un pueblo desarmado, de manera cobarde. Un pueblo que pedía era justicia”.
