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Ortega Díaz sobre sanciones de Panamá: Gobiernos latinamericanos deben adoptar estas medidas

Consideró que las restricciones en materia económica son "acciones positivas dirigidas a desarticular financieramente a los grupos de delincuencia organizada" que se ha atrincherado en el poder

La exfiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, celebró este viernes las medidas tomadas por Panamá de limitar las transacciones económicas con 55 altos funcionarios del Gobierno nacional, incluyendo al propio presidente Nicolás Maduro, y a 16 empresas relacionadas, por ser considerados de "alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva" para el país centroamericano.

A través de su cuenta en Twitter, Ortega Díaz aseveró que estas sanciones contra funcionarios del régimen madurista "deben ser adoptadas por otros Gobiernos de la región". Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano en tomar acciones económicas contra el gobierno de Venezuela.

Consideró que las restricciones en materia económica son "acciones positivas dirigidas a desarticular financieramente a los grupos de delincuencia organizada" que se ha atrincherado en el Ejecutivo y en todos los poderes de Venezuela.

En el lista están, además de Maduro, altos funcionarios venezolanos como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y el fiscal general, Tarek William Saab. También la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CNE), Tibisay Lucena; la rectora principal de ese ente de comicios, Socorro Hernández; y el dirigente socialista, Diosdado Cabello.

El Ministerio de Economía informó el miércoles que emitió dos resoluciones en el marco de sus medidas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo, recomendando a los sujetos financieros adoptar procedimientos de "debida diligencia reforzada" para evaluar cualquier transacción que se haya hecho, "incluyendo tentativas de realizar, en la que se sospeche (…) pudiesen estar relacionadas directa o indirectamente con la lista detallada”.

Se trata de la resolución 02-018, que recomienda a los sujetos obligados financieros y no financieros adoptar políticas y procedimientos de debida diligencia a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiariosfinales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas, indicó el Ministerio el miércoles.

La legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, y que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiara.

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