OEV: modificaciones en proceso electoral "no cambian las reglas de juego"

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) rechazó este miércoles la realización de las elecciones presidenciales junto a las de consejos legislativos nacionales y concejos municipales el próximo 20 de mayo por no cumplir con las condiciones necesarias que debería tener el proceso de la "megaelección".

"El OEV reitera, una vez más, que las elecciones fijadas ahora para el 20 de mayo, lejos de contribuir a la superación de la crisis nacional la prolongará y agravará", dijo la institución a través de un comunicado.

Explicó, además, que este proceso viola el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que establece que "las elecciones municipales no pueden ejecutarse conjuntamente con elecciones del Poder Público Nacional, y llevarlas a cabo supone esfuerzos logísticos y técnicos por parte del CNE" y tiempo para los partidos para escoger candidatos y hacer campaña, "actividades que no se pueden realizar adecuadamente en tan corto tiempo".

El OEV indicó que, a pesar de que el evento electoral fue postergado, "ese plazo adicional se queda corto respecto a los seis meses requeridos de acuerdo a la propia experiencia venezolana".

Asimismo, cuestionó que aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) acordó reabrir el Registro Electoral otros diez días, es difícil para los venezolanos en el exterior inscribirse por las "condiciones ilegalmente impuestas en relación a la solicitud de requisitos adicionales no contemplados en la legislación vigente".

"Las modificaciones anunciadas no alteran la esencia de las reglas de juego, mantienen el ventajismo a favor de una de las partes, además de no permitir la realización de un proceso cuyos resultados sean confiables", aseguró la organización.

A continuación el comunicado íntegro:

A mitad de un atropellado camino para las presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó nuevos cambios que presuntamente mejoran las condiciones electorales argumentando además que los mismos derivaban de los supuestos (negados por la MUD), alcanzados en Santo Domingo, postergando los comicios presidenciales  y retomando las postergadas elecciones para escoger a los miembros de los Consejos Legislativos Estadales y las Cámaras Municipales.

Faltando apenas 52 días para elegir a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, en unos comicios convocados a la carrera y sin condiciones para la competencia equilibrada, voceros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fueron los primeros en dar la noticia al país, antes que la autoridad con exclusiva facultad para ello: “El evento electoral presidencial ha quedado establecido para la segunda quincena del mes de mayo”, anunció desde un podio con las siglas del CNE –reservado para las autoridades de este organismo– el jefe de campaña de la reelección de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, tras suscribir un compromiso con los partidos Avanzada Progresista, MAS y Copei (cuya presencia fue cuestionada debido a que fue representado por una dirigencia protestada por su anterior directiva, producto de una decisión judicial). En sus declaraciones, Rodríguez también anunció la realización de los comicios legislativos regionales y municipales, que acumulan un retraso de más de un año, en el primer caso, y tres meses en el segundo.

Pocas horas después, el Poder Electoral recibió el Decreto Constituyente de la Asamblea Nacional Constituyentey convocó de inmediato una “megaelección” para escoger más de 2.600 cargos públicos el 20 de mayo de 2018 (un presidente, 250 diputados regionales y alrededor de 2.400 concejales). La misma fue apoyada por un pacto firmado por el oficialismo y un sector de la oposición, pero no por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Se argumenta que con esta decisión se alarga el lapso de la elección presidencial 28 días, pero ese plazo adicional se queda corto respecto a los seis meses requeridos de acuerdo a la propia experiencia venezolana. Los anuncios y publicaciones del cronograma a cuenta gotas perjudican a los contendientes del oficialismo, porque nunca tienen un horizonte cierto que les permita prepararse políticamente y organizarse logísticamente.

Adicionalmente, se incurre en la violación del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual establece expresamente que las elecciones municipales no pueden ejecutarse conjuntamente con elecciones del Poder Público Nacional, y llevarlas a cabo supone esfuerzos logísticos y técnicos por parte del CNE, así como una compleja tarea por parte de las agrupaciones a fin de escoger candidatos y hacer campaña, actividades ambas que no se pueden realizar adecuadamente en tan corto tiempo. En suma, dos meses y 19 días no alcanzan para este tipo de procesos. Un caso ilustrativo son las Elecciones Federales en México a celebrarse el próximo 1 de julio, fecha que fue anunciada por la autoridad electoral de la nación latinoamericana con 15 meses de antelación y cuya publicación del cronograma, es decir las reglas de juego, se materializó nueve meses antes del evento.

Igualmente, aunque se aprobó reabrir el Registro Electoral otros diez días, hasta el 10 de marzo, resulta difícil que ello permita votar a los venezolanos que radican en el exterior y aún no se han inscrito porque las condiciones ilegalmente impuestas en relación a la solicitud de requisitos adicionales no contemplados en la legislación vigente, tales como la residencia, terminan por contrariar este dictamen. En lo que respecta al registro de potenciales electores residentes en el país, el CNE debería redoblar capacidades y esfuerzos para motivar a que se inscriban quienes aún no lo han hecho.

Se sabe de antemano que la observación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no se tramita rápidamente, primero requiere de mandato aprobado de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, de acuerdo a lo comentado por Stéphane Dujarri, portavoz de la organización. Todo esto sin considerar que una importante porción de la comunidad internacional se ha mostrado en desacuerdo a la convocatoria del CNE. Por otro lado, la observación nacional no solo fue omitida del acuerdo suscrito, sino del cronograma electoral.

No puede dejarse de lado que las peticiones más relevantes para mejorar realmente las condiciones electorales, planteadas en el diálogo en República Dominicana, no se incluyen en el acuerdo, como por ejemplo el atropello a los derechos de la participación política: inhabilitación de dirigentes políticos y partidos, entre ellos la MUD.

En síntesis, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que los anuncios realizados por el CNE, así como el acuerdo suscrito por algunos sectores políticos asoman cambios que en realidad no modifican sustancialmente las condiciones de participación de cara a las próximas elecciones, convertidas en una megaelección. Las modificaciones anunciadas no alteran la esencia de las reglas de juego, mantienen el ventajismo a favor de una de las partes, además de no permitir la realización de un proceso cuyos resultados sean confiables.

El OEV reitera, una vez más, que las elecciones fijadas ahora para el 20 de mayo, lejos de contribuir a la superación de la crisis nacional la prolongará y agravará.

06.03.2018