Nueva ley de la AN quita poder al Estado sobre empresas expropiadas

Según la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional (AN) y algunos especialistas, la Ley de Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, aprobada el pasado 30 de noviembre, se presenta como una de las herramientas que proponen los diputados de la Unidad, para corregir los errores pasados del Gobierno nacional.

El instrumento legal, propuesto originalmente por el diputado Omar Barboza, hace mayor énfasis en lo que compete a las expropiaciones realizadas por el Estado a empresas privadas desde el 2007 y fueron impulsadas por el expresidente Hugo Chávez, que resultaron en la nacionalización de las mismas e incluso la creación de una cadena hotelera del Estado y del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade), luego de una intervención de la Superintendencia Bancaria (Sudeban) a varias entidades de la banca privada en el 2009.

El economista Emanuel Borgucci argumenta que está supuesto en la Constitución y las leyes orgánicas la promoción de la propiedad privada, la libertad de contratación y la posibilidad de lucro de las empresas, por lo que la creación de una ley cuyo fin sea el estímulo de la actividad económica por medio de estas áreas resulta inusual pero necesario, pues se deben corregir las distorsiones que en la actualidad la economía venezolana presenta.

“Quizás esta nueva ley va en lada a enderezar esas distorsiones agudas, y si es el caso, entonces creará conflictos con el Gobierno porque el mismo no cree en esos postulados”, expresa.

En el proyecto de ley se leen, específicamente en el capítulo tres que habla de la activación de empresas y unidades productivas del Estado, cinco artículos que la desglosan.

El artículo 15 inicia con la propuesta de crear una comisión especial para la activación y fortalecimiento de la producción nacional, que llevará a cabo una investigación en las empresas, tierras, industrias, plantas productoras entre otros, que hayan sido objeto de alguna medida de privación o expropiación de la propiedad o control de administración por el Estado, para identificar qué órgano del poder público se encuentra a cargo de la misma.

Se evaluarán los estados financieros, capacidad productiva actual y la que poseía antes de ser expropiada o controlada administrativamente, al igual que las compras nacionales e internacionales de sus materias primas, insumos, maquinarias y servicios desde que fueron adquiridas por el Estado para identificar los principales problemas que enfrenta en su proceso productivo.

Luego de la valoración exhaustiva, se determinará el estado de la empresa y en caso de que el mismo haya mantenido sus niveles de producción de manera óptima, se mantendrá en manos del órgano o ente del Poder Público al cual le fue atribuida.

Sin embargo, la misma deberá someterse a un monitoreo constante del desempeño y niveles de producción que la comisión asignada realizará cuando sea pertinente.

Si se llega a la conclusión de que la empresa ha desmejorado sus niveles de producción comparándolos con 12 meses previos al momento en que fue expropiada o tomada por el Estado, se otorgará la titularidad y la potestad a un tercero con competencias en la gestión de empresas, que garanticen la eficiencia y la reactivación productiva de la entidad lo antes posible.

Reactivación

El diputado a la Asamblea Nacional por la Comisión de Finanzas, Elías Matta, indica que esta ley busca acomodar y reactivar las empresas que fueron expropiadas por el Estado “y que todo el país sabe que no han funcionado y están muy mal manejadas”.

“Gran parte de lo que ocurre en Venezuela de que no haya producción tiene que ver con esto. La mayoría de estas empresas que se expropiaron fueron quebradas y aquí lo importante es que alguien tiene que hacer esa revisión; parte de eso se tratar de verificar qué fue lo que pasó; cuáles de esas empresas puede seguir manejando el Estado, y cuáles habrá que privatizar de nuevo, porque no vale la pena que el Gobierno siga teniéndolas en su poder sólo por un capricho o dogmatismo ideológico”, declara el parlamentario.

El también economista expone casos como el de Lácteos Los Andes, que fue expropiada en el año 2008 y que desde entonces ha presentado una disminución en sus niveles de producción en 40 % y arrojó pérdidas de 61,40 % sólo en el año 2012 según la Memoria y Cuenta del Ministerio para la Alimentación (Minpal).

“También tienes casos como el de palmeras Diana, productora de aceite vegetal, que fue expropiada en el 2008 y Siderúrgica del Orinoco (Sidor), una de las fábricas de acero más importantes de Venezuela, se encuentran actualmente en muy mal estado. Creo que es importante que esta comisión exista para poder revisar cual es el estatus de esas empresas”, sustenta Matta.