MUD presiona al Gobierno con paros y marchas a Miraflores para exigir revocatorio

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a un paro de 12 horas. Que el viernes nadie salga a la calle, como en 2002; y si para el martes 3 de noviembre el Gobierno no reactiva la recolección de firmas para celebrar el revocatorio, marcharán a Mirafñores. Como en 2002. ¿Por qué las mismas acciones, en qué ha cambiado el país para que la dirigencia opositora repita fórmulas cuyas consecuencias aún mantienen al chavismo en Miraflores?

“En aquel entonces el chavismo tenía una fuerte base popular de apoyo, a pesar de que las cosas no andaban del todo bien. Y Chávez estaba vivo. Pero el desgaste del chavismo en el poder ha sido impresionante, tiene al 80% del pueblo en contra. Hoy en día la correlación de fuerzas apuntala a la oposición”, comenta Ender Arenas, sociólogo y analista político.

La escasez de alimentos y medicinas en 2016 no es la misma de 2002, añade. Tampoco los índices de inflación, de inseguridad y el desmantelamiento institucional.

La MUD, a diferencia de su antecesora, la Coordinadora Democrática, cambió su estrategia. Ahora la oposición intenta equilibrar la presión de calle con el diálogo. Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de esa coalición de partidos, irá a la reunión de pasado mañana en Margarita para conversar con voceros del chavismo con la mediación del Vaticano.

Y el paro de este viernes, pronostica Arenas, es el preámbulo de una multiplicidad de huelgas que van a ocurrir en momentos en que el Gobierno sustenta su poder, ya no en el pueblo, sino en “tres aparatos autoritarios”: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Pero una vez que rebase el ámbito de validez de esos recursos políticos que hasta ahora tiene el Gobierno, se cae. Estamos en los prolegómenos del final, no hay salida. Porque no hay capacidad por parte del Gobierno para resolver la crisis. Muy diferente al año 2002, cuando Chávez todavía tenía un margen de maniobra como finalmente lo demostró”.

Del paro

Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, advirtió el miércoles que “empresa que se pare, empresa tomada por los trabajadores y el pueblo”. No hay marcha atrás para el chavismo que asegura que la oposición repite al calco sus estrategias de 2002.

Este viernes, de hecho, la FANB va a fiscalizar farmacias, centros de acopio y todo local encargado de distribuir insumos básicos. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, dijo el jueves que también activarán los Comités Operativos de Producción Obrera para que sean los trabajadores quienes garanticen el funcionamiento de las empresas de producción.

“Le di instrucciones a todo el sistema defensivo territorial para que mañana (viernes), 28 de octubre, en el marco del Estado de Excepción, en el marco del estado de Emergencia Económica, y en el marco de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, se inicie una visita a toda la agroindustria”.

Pero Carlos Larrazábal, presidente encargado de Fedecámaras, afirma que la protesta —y la huelga es una de sus tantas formas— es un derecho garantizado constitucionalmente, y que cuando se convoca a estas actividades, se les da a los trabajadores la libertad de participar en ellas o no.

“Cada ciudadano en sí mismo tomará la decisión de participar en función de su pensamiento. Hay que entender que la propuesta no es un paro patronal, es una huelga ciudadana y esa es una gran diferencia con respecto el pasado”, explicó en Unión Radio.

Advertencia

Venezuela avanzó lentamente hacia la reinstitucionalización de la política luego del golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero, una política que se reducía a marchas y contramarchas, opina Leoncio Pinto, sociólogo, analista político, y profesor de LUZ.

“Parece que estamos marchando de nuevo hacia allí. Y se ha acentuado porque en alguna medida estamos transitando, por parte de los grupos en conflicto, hacia una visión demasiado primitiva de la política: la política vista como la captura o el mantenimiento del poder. el jueves vimos heridos y muertos, y apenas va comenzando el proceso de movilizaciones”.

Una visión, a su juicio, reduccionista y peligrosa que puede llevar al chavismo y la oposición a utilizar cualquier tipo de instrumento con la finalidad de alcanzar el objetivo que cada uno se ha propuesto, sin medir las consecuencias en una sociedad sedienta de acuerdos mínimos para enrumbar el país. “El Gobierno cree que el apoyo de las FANB y el TSJ es su ciente para mantenerse en el poder, y la oposición cree que el descontento popular es tan masivo que tiene ganado el poder, y que cualquier diálogo puede ser visto por los sectores radicales como una entrega demasiado costosa”.

Todos tienen derecho a protestar, aclara Pinto, pero ni la MUD ni el Gobierno deben entablar una lucha de marchas y contramarchas porque es un recurso que se agota rápidamente. Y más allá de las demostraciones de fuerza en la calle, siempre tiene que estar abierta la posibilidad de dialogar.

“La palabra es fundamental en la construcción de procesos democráticos, y los actores políticos defenestraron la palabra y han hecho de la amenaza y la descalificación el centro neurálgico del discurso político. Cualquier gobierno que venga, sino tiene como fundamento un acuerdo mínimo sobre la dirección que debe asumir el país, tiene pies de barro”.