“Memoria y Cuenta en la ANC es un acto al margen de la ley”
El presidente Nicolás Maduro, en un hecho inédito en la historia republicana de Venezuela, presentó el 15 de enero de 2017 su Memoria y Cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ayer, por solicitud ante la Asamblea Nacional Constituyente de la primera dama y legisladora, Cilia Flores, el jefe de Estado rindió su informe anual de gestión ante la Constituyente y no ante la Asamblea Nacional (AN), como lo establece el artículo 237 de la Constitución.
Reza el artículo 237: “Los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional (AN), en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la República presentará cada año personalmente ante el Parlamento un mensaje de su gestión anual”.
Maduro, quien el pasado 10 de enero cumplió cinco de sus seis años de mandato, considera que “esta Asamblea se autodisolvió”. En su opinión, el Poder Legislativo se encuentra en “desacato” por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.
“Es un acto al margen de la ley, una violación directa y clara a la Constitución, que establece que debe hacerlo ante el Parlamento, que representa al pueblo”, asegura el constitucionalista José Vicente Haro.
Gerardo Fernández, abogado constitucionalista, considera que la acción no tiene sustento legal. “En Venezuela no existe el respeto a la Constitución, no hay Constitución y el Gobierno ha decidido, con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), concretar un fraude masivo, permanente, sistemático, estructural del orden constitucional venezolano”.
“La Constitución es clara, dice que el Presidente de la República debe presentar su Memoria y Cuenta, su mensaje anual, ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros 10 días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias”.
José Enrique Molina, constitucionalista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), opina que la ANC solo tiene una función, “en la ya inexistente Constitución venezolana, y es la de redactar una nueva Carta Magna. Todo lo demás es excesivo, ilegal”, asegura. “Estamos viviendo en una dictadura, en la cual no hay Constitución vigente. Hay un poder, el Poder Ejecutivo, que mediante sus propias decisiones y las que toma a través de la Constituyente dirige el país, pero no hay ninguna Constitución que pueda alegarse porque no vale nada”.
Efectos
Para Luis Salamanca, politólogo, abogado y exrector suplente del Consejo Nacional Electoral, la decisión presidencial de presentar la Memoria y Cuenta ante instancias diferentes a la AN mantiene al Gobierno sentado en las negociaciones que se realizan en República Dominicana con la oposición.
“Se presume que el Gobierno está necesitando de la ayuda de la Asamblea Nacional para que le autorice el endeudamiento internacional, en virtud de que los acreedores internacionales muestran inseguridad si no existe la autorización de la Asamblea Nacional, que es un requisito constitucional”.
Cree que China y Rusia han llegado al máximo de la capacidad de préstamos que le pueden hacer al Gobierno y “el Ejecutivo nacional se ve obligado a buscar otras alternativas, pero se le cierran las puertas si no tiene la autorización de la AN”, reitera.
“Creo que ese fue el motivo real que llevó al Gobierno a plantearse una negociación con la oposición, pero como ellos suelen actuar siempre tratando de ganarlo todo sin dar nada a cambio, entonces han pretendido que eso sea simplemente un endoso que le hace la oposición al Gobierno”, dijo.
