Marquina: AN no autorizará solicitud de incremento de Unidad Tributaria
Todo hace indicar que la Asamblea Nacional (AN) a través de la Comisión de Finanzas no autorizaría la solicitud realizada por el Seniat, de incremento de 18% de la Unidad Tributaria, toda vez que ni el BCV ni el INE han publicado las cifras de inflación, requisito que establece el Código Orgánico Tributario para autorizar un aumento de esta tasa.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión, diputado Alfonso Marquina , quien dijo que si antes de este miércoles el Banco Central o el Instituto Nacional de Estadística, no publican las cifras solicitadas, no respaldaran la medida, porque la misma violentaría lo establecido en el mencionado Código.
Asimismo que en este escenario, el Seniat debe explicar al país por qué presenta una cifra sin tomar en cuenta la inflación, “tomando un promedio de los incrementos que se han hecho de la Unidad Tributaria en años anteriores, cuando la Constitución y el Código son claros, la base para el incremento es el Índice de Precios al Consumidor”.
Lo que se busca – expresó – es preservar la capacidad contributiva, es decir que el ciudadano debe pagar impuesto en la medida que pueda pagar ese impuesto, luego de haber satisfecho sus necesidades básicas. Incluso eso llevaría a que todos los ciudadanos terminen pagando impuestos y eso viola un principio constitucional, de la progresividad del tributo.
Después de carnavales
Marquina por otra parte informó que aunque la reforma de la Ley del BCV fue declarada de urgencia por la Comisión que dirige, toda vez que consideran que si no se impone la disciplina fiscal, Venezuela va rumbo a la hiperinflación, su discusión quizás se haga luego del asueto de carnavales.
En principio vamos a modificar los artículos correspondientes a devolverle la autonomía al Banco Central, reponer la obligación de publicar las cifras macroeconómicas, para que la economía no se maneje discrecionalmente, acotó.
Además señaló que la reforma tiene que ver con la unidad del tesoro, ratificar la prohibición que establece la Constitución con el objeto de no seguir aprobando presupuestos deficitarios.
