Magistrados y dioses
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció a 15 meses de prisión e inhabilitación política a Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, tras encontrarlo culpable de “desacato” de un amparo cautelar que le ordenaba impedir el cierre de vías en su municipio, durante las protestas de la oposición. La decisión se tomó en la madrugada.
Muchacho se une a Gustavo Marcano, alcalde de Lechería (Anzoátegui); Alfredo Ramos, alcalde de Iribarren (Lara); y Carlos García, alcalde Libertador (Mérida). Marcano se fue del país; Ramos está detenido en El Helicoide, y García en la clandestinidad. Todos acusados del mismo delito. Ramón Muchacho no se había entregado a las autoridades hasta ayer.
Para la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, las decisiones del TSJ son elocuentes: “Es la manera que encontraron ellos de hacer lo que es muy conocido desde hace tiempo como terrorismo judicial. Yo no lo veo de otra manera”.
Los magistrados de la Sala Constitucional, añade, son penalistas sobrevenidos, porque “la materia de amparo no es penal, es constitucional. Y algo que era una protección, lo han vuelto un arma contra la ciudadanía y contra los ciudadanos demócratas”.
Con estos procesos por “desacato”, que la Sala ha convertido en un delito, se viola el principio de doble instancia, porque sus magistrados deciden “con la certeza de que nadie los va a revisar”.
“O sea, que son como Dios. Eso va contra todos los principios consagrados en los tratados internacionales de protección a los Derechos Humanos para los cuales ellos, supuestamente, están allí para defender”.
Herramienta política
Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), que el empleo del Poder Judicial como herramienta política ya es una rutina, cuando se trata de neutralizar a los adversarios del presidente Nicolás Maduro.
“Eso violenta los derechos de los electores, porque ellos eligieron a estos funcionarios para que ejercieran los cargos”.
Recuerda que la Constitución establece en su artículo 49 que las sanciones contra un funcionario electo tienen que ser el fruto de un proceso jurídico transparente, del cumplimiento del debido proceso.
“Y estas cosas son apresuradas, mecanismos donde el TSJ le ordena al alcalde que no haya conflictos en su municipio, y si hay conflictos, entonces los sentencian por desacato. Pero hay una cantidad enorme de municipios donde ha habido conflicto, y si el alcalde no es de oposición, el tribunal no lo sanciona”.
En el caso de Chacao, la policía municipal está intervenida por el Gobierno central. Despojaron a Ramón Muchacho de una herramienta, como el cuerpo de seguridad local para mantener el orden público, pero lo sancionan por no garantizar la paz.
Lander no descarta que el oficialismo emplee en el futuro, las inhabilitaciones políticas para sacar del camino a los candidatos opositores con el potencial de ganar una gobernación.
“La que sonaba como candidata para la Gobernación de Miranda, Adriana D’Elia, fue inhabilitada. Son mecanismos en los que dirigentes opositores, de manera sistemática, son inhabilitados en todo el país. Es el uso de recursos jurídicos para efectos políticos, que es una perversión total”.
La Sala Constitucional fijó para hoy, a las 10:00 de la mañana, la audiencia de David Smolansky.
