Magistrado de Supremo dice a Maduro que Constituyente no es solución a crisis [+Video]
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Danilo Mojica Monsalvo expresó hoy al presidente Nicolás Maduro su desacuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, al señalar que "no es la solución a la crisis que sufre el país".
"Debo indicar que, al igual que lo señaló la fiscal general de la República, (Luisa Ortega) la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es la solución a la crisis que sufre el país", indicó el jurista en una carta enviada a Maduro, a la que Efe tuvo acceso y en la que pide al presidente "un espíritu republicano y de apego constitucional".
El letrado que forma parte de la Sala de Casación Social de la máxima corte consideró que este es "un momento de grandes decisiones y es su obligación llevar a cabo, el consenso definitivo que requiere el país para unas elecciones inmediatas y constructivas para todos".
"Señor Presidente, reflexiónelo bien, las tumbas de nuestra juventud circundan a Venezuela. Basta ya de pérdidas de más vidas inocentes. La historia no nos perdonará, a quienes no actuemos en función del interés nacional", señaló en la misiva.
Mojica señaló que la "magnitud" de la crisis venezolana "no se puede solucionar con la referida Constituyente y tampoco con medidas de represión policial, ni militar a las manifestaciones en las calles".
Se refirió al proceso constituyente como un mecanismo de "democracia directa por antonomasia" y criticó que el Gobierno pretenda iniciar el proceso para un eventual cambio de Constitución sin antes consultar a los electores si están de acuerdo con tal iniciativa.
La Constituyente "sin la aprobación del pueblo, compromete la soberanía popular y la aniquila", por lo que la consideró como una apuesta de "alto riesgo" que pone en juego la estructura del Estado y la paz social.
El pasado 1 de abril inició en Venezuela una ola de protestas antigubernamentales, después de que el Supremo asumiera funciones del Parlamento, lo que fue visto por la oposición como un "golpe de Estado" y ponderado por la fiscal general como una "ruptura del hilo constitucional".
