La resistencia al chavismo está en las redes sociales

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) está decidida a regular el uso de las redes sociales. “No podemos permitir que en este campo reine la violencia y la instigación”, sentenció Andrés Eloy Méndez, director del organismo. Para ello hay que reformar la ley. Y a su juicio, es muy necesario. “Nuestra sociedad requiere mecanismos de regulación y estos no serán distintos a lo que han hecho en otros países”.

Este anuncio no encierra optimismos para Andrés Cañizalez, politólogo y miembro del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), porque las regulaciones del chavismo en el campo de la comunicación desembocan en restricciones. Esa ha sido su tendencia, dice.

“El tema de las redes sociales, en general, yo veo bastante difícil que pueda regularse, controlarse, establecer filtros. No puedes establecer criterios de veracidad en un espacio donde millones de personas están hablando en simultáneo. Desde un punto de vista práctico, no creo que sea posible hacerlo”.

Cañizalez critica que el discurso oficial pretenda establecer pautas éticas, mientras que el ejercicio del Gobierno y sus autoridades en el campo comunicacional está reñido, precisamente, con la ética. “Los medios oficiales desinforman, mienten, y luego quieren darnos una pauta ética al resto de la sociedad. Me parece inaceptable”.

Es, además, una cuestión de dominio. “El Gobierno ha logrado establecer controles sobre otros ámbitos: la radio está controlada, la televisión está controlada, la prensa escrita, por vía de la escasez de papel, es otra forma de reducirlos. Y eso ha hecho que tengamos un crecimiento importante en el campo de las redes sociales. Es un terreno que no controla el Gobierno”.

Miedo = Poder

La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) ya se modificó para controlar también los medios electrónicos, señala Óscar Lucién, sociólogo y doctor en Ciencias de la Comunicación y de la Información. “Un dispositivo legal que contribuye a limitar la libertad de expresión y al cerco de la información”.

Sus resultados son palpables: en 2014 hubo seis tuiteros detenidos. A Víctor Ugas, por ejemplo, lo detuvieron en Carúpano, estado Sucre, porque supuestamente publicó fotos del cadáver del exdiputado del PSUV, Robert Serra, asesinado ese año. Y sigue detenido en el Sebin.

“Lo único que falta es que fusilen a las personas, no sé qué más van a inventar. Las redes sociales son espacios de libertad donde cada quien, sin tener medios económicos ni depender de una estructura empresarial, puede expresar su opinión”.

Antes de hacer la reforma legal, Andrés Eloy Méndez, director de Conatel, dijo que se convocará a una consulta pública en la que estará incluida la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional una vez que esta “entre en acato de la Constitución”.

Pero Lucién desconfía de que la opinión del Parlamento —ni siquiera su poder— altere los planes reguladores del Gobierno. Cree que la Constitución nacional no está vigente y cualquier medida que Conatel adopte tendrá amparo en la ilegalidad del Gobierno nacional, que no está a derecho.

“Aquí se han robado el revocatorio, el Gobierno desconoce a la Asamblea, el Tribunal Supremo opera como un bufete del Ejecutivo. No podemos atender a ningún tipo de legitimidad constitucional ni legal, pero eso pueden hacerlo por vía de providencias administrativas de Conatel, por medio de normas que de esa forma escamotean la actuación de la Asamblea”.

Nuevos delitos

La ONG Espacio Público se declaró en alerta frente a posibles delitos contra la libertad de expresión. Carlos Correa, su director, opina que las redes sociales son un instrumento para la comunicación que no guarda diferencia con otros medios en relación con su ejercicio.

“Cuando se plantea una regulación se dinamiza el establecimiento de nuevos delitos, aplicar sanciones o establecer mecanismos discrecionales que puedan afectar el libre flujo de la información”.

Óscar Lucién está convencido de que es imposible frenar las redes, pero admite que esta clase de normas intimidan a la población. Promueven la autocensura como mecanismo de preservación. Al final, sin embargo, no tienen el éxito que las autoridades esperan.

“Son fantasías autoritarias, porque ni siquiera en Cuba, que es una sociedad cerrada, han podido controlar la red social. Si ellos bloquean las posibilidades de acceso aquí, se buscarán otros espacios por plataformas digitales de otros países. La sociedad necesita expresarse y, si le cierran una puerta, abre una ventana”.