La nueva cárcel es una lápida de fondos millonarios
En el año 2012 Iris Varela, ministra de los Servicios Penitenciarios, prometió construir en dos años, por la crisis carcerlaria, 24 penales para los procesados, en Caracas, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Miranda, Monagas y Zulia. Solo dos se construyeron; las demás están, pero en palabras.
Entre ellas está el Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia, situado en el municipio San Francisco, que se comenzó a construir en el 2013 con 209 millones 104 mil 434 con 64 bolívares. La estructura actualmente está en ruinas y saqueada. “Los recursos que entregó el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (Fonep), se desviaron de su cauce”, según el informe anual de Los Papeles de la Prisión, de septiembre 2016 presentado el pasado martes, en Caracas.
La investigación sobre esta penitenciaría sin concluir, realizada en conjunto con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) y Transparencia Venezuela, destapó los movimientos de corrupción y violación de derechos humanos que se han cometido en el Zulia, desde el 2013, cuando la ministra Varela anunció la creación del centro de reclusión, que tres años después sigue sin concretarse y está en el abandono.
Con pruebas en mano, los representantes de estas tres ONG participantes explicaron que el primer contrato que firmó la contratista Cresmo, C. A. con Fonep, se realizó 16 días después del anuncio de Varela sobre esta construcción. La obra debió haber comenzado el 2 de enero de 2013. El 4 de diciembre de ese mismo año, el Fondo de Edificaciones Penitenciarias realizó otro contrato, cuyo presupuesto aumentó a 209.104.434,64 bolívares, para concluir la construcción total, el 31 de diciembre de 2014.
La promesa era de un año para terminar este, y han transcurrido 46 meses desde aquel entonces y el terreno de 92 hectáreas parece “un pueblo fantasma con edificaciones inacabadas, ruinosas y en estado de absoluto abandono”, reseñó el informe, que revela las malas acciones que han cometido y deben explicar los gobiernos nacional y regional, para que demuestren en qué invirtieron dichos recursos.
La organización presume “que se ha cometido contra el patrimonio de la Nación una serie de irregularidades y delitos que deben ser investigados por los órganos jurisdiccionales competentes”.
Los habitantes de las comunidades que están instaladas a 400 metros de la construcción denuncian que desde julio del año pasado la estructura está parada y que para diciembre las instalaciones fueron desvalijadas. Esto fue corroborado por los investigadores, quienes realizaron un seguimiento aéreo al centro desde 2013 hasta el 2015 a través de Google Earth.
“En las imágenes se evidencia que hubo movimiento de maquinaria y presencia de inventario de materiales en el patio de las oficinas de Cresmo C. A., en el área de construcción, hasta julio de 2015”, enfatizaron Mercedes de Freitas y Jesús Urbina, de Transparencia Venezuela; Daniela Guerra y Carlos González, de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia; y Humberto Prado, del OVP.
El portón rojo de metal que da entrada al terreno lo removieron, no existe vigilancia en el área y por ello los residentes de la zona ahora deambulan con frecuencia por el lugar, para recortar camino y llegar hasta las barriadas de El Rodeo, 26 de Febrero, Nueva Democracia y El Soler, que rodean la edificación. Por la falta de resguardo la estructura ha sido saqueada. Las cabillas, bloques de concreto, tuberías y el metal de las estructuras se las llevaron. Muchas paredes ya construidas han sido derrumbadas.
Sin penitenciarías
El Zulia, en septiembre de 2013 se quedó sin cárcel, y este año, hace cinco meses, sin Centro de Arrestos Preventivos. Sabaneta y el retén El Marite quedaron clausurados por Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios, por las múltiples reyertas que originaban la guerra entre líderes negativos por el poder interno y las mafias que planificaban la mayoría de los delitos cometidos en el estado. Por estos cierres y una estructura inconclusa en el estado, el hacinamiento penitenciario en las comandancias policiales es de 130%, en comparación al 2015 que era de un 128,6%, según la OVP.
La Cárcel de Maracaibo, fundada el 18 de septiembre de 1958, la crearon para albergar 800 reos. Cincuenta y cinco años más tarde la clausuraron y trasladaron a 13 penales del país, a 4.169 condenados, según cifras oficiales.
Tras el cierre absoluto de esta penitenciaría –que está próxima a ser reinaugurada, pero como un Museo Penitenciario–, el Centro de Arrestos El Marite colapsó. Las policías regionales y municipales no sabían dónde meter a las personas que a diario detenían en distintos procedimientos.
Los condenados por los tribunales, por no haber cárcel, los enviaban al retén marabino que concluyeron en 1988, luego de 14 años de ser anunciado el proyecto en la ciudad, para guardar preventivamente una población de 700 reclusos.
El año pasado, para el mes de noviembre la infraestructura albergó a 1.711 privados de libertad, signifcando una sobrepoblación de 144%. Hace seis meses, durante su desalojo, sacaron a 2.198 individuos, última cifra ofrecida por la Ministra, luego de variarla en dos oportunidades en sus alocuciones, dejando en evidencian la falta de control sobre el recinto.
El Zulia está en crisis, según la opinión de varios funcionarios policiales de distintos cuerpos de seguridad. Denuncian que sin cárcel ni retén, los privados de libertad que se encuentran en los calabozos duermen unos encima de otros. En el estado solo están en funcionamiento el retén de Cabimas, construido para 150 investigados, y este año sobrepasa los 411 detenidos que había, en 2015. Le sigue, el retén de San Carlos del Zulia, en Sur del Lago, con una capacidad máxima para albergar a 68 personas y actualmente tiene entre sus diminutas celdas a más de 168 arrestados. Sin contar los 846 reclusos que tiene el Cuerpo de Policía del Estado Zulia (Cpbez), los 96 aprehendidos que tiene la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los 160 que alberga en su sede el Cuerpo de Investigaciones Cientí cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), vía al aeropuerto La Chinita; además de los que están en los calabozos del Ejército, Sebin, PNB y policías municipales, indicó Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público del Zulia, según el informe anual de Los Papeles de la Prisión.
Nacional
A nivel nacional, 46 mil 691 personas estaban privadas de libertad el año pasado y actualmente la cifra aumentó a 56 mil, debido al cierre de las penitenciarías con más alto índice de con ictividad, como la Cárcel de Santa Ana, el Internado Judicial los Teques, la Cárcel de Cumaná, la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal La Planta, la Cárcel de Coro y la Cárcel de Sabaneta. Con el traslado de sus internos a otros recintos del país, empeoró no solo el hacinamiento sino también los retardos procesales. De esta población el 57 por ciento de los reclusos está en prisión preventiva, indicó la OVP.
