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Interrogan a dos periodistas venezolanos por presunta incitación al odio

La ley contra el odio fue aprobada en noviembre pasado por la oficialista Asamblea Constituyente

Dos periodistas venezolanos fueron interrogados este martes en una unidad militar, dentro de un proceso por supuestamente incitar al odio, que ellos denuncian como un intento de censura.

Indira Lugo y Daniel Trujillo, directora y editor adjunto del diario Región Oriente, basado en Cumaná, fueron interrogados durante una hora por un oficial en una sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar.

Ambos fueron citados el lunes tras ser denunciados por violar la ley contra el odio, que prevé penas de 10 a 20 años de cárcel, así como ilegalizar partidos y cerrar medios de comunicación.

El recurso fue planteado por el Círculo de Lucha Popular, organización comunitaria afín al gobierno, que acusa al periódico de violar la ley luego de publicar un análisis que compara la actual crisis socioeconómica con la que precedió el Caracazo, un sangriento estallido social ocurrido en 1989.

"Me preguntaron quién había hecho el análisis. No se lo identificó para proteger a la persona, solo que había sido una decisión del consejo editorial", comentó Lugo a la AFP.

Según la directora, el objetivo de la denuncia es impedir que Región Oriente publique información similar a la del pasado 11 de enero, titulada "Los comunistas lo advierten", que cita a un dirigente de esa tendencia planteando el paralelo con el Caracazo.

"Es una violación de la libertad de expresión porque trata de amedrentar y limitar lo que se va a escribir de ahora en adelante. Es una manera de coaccionar el libre ejercicio del periodismo", afirmó Lugo.

Tras el interrogatorio, el caso pasará a la Fiscalía, que determinará si el rotativo fundado hace 45 años incurrió en algún delito, explicó la directiva.

La ley contra el odio fue aprobada en noviembre pasado por la oficialista Asamblea Constituyente que rige con poderes absolutos, después de una oleada de protestas opositoras que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.

Una pareja detenida a inicios de enero durante una manifestación está siendo procesada por supuestamente violar la normativa, mientras el presidente Nicolás Maduro pidió investigar a dos obispos.

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