Instituto de Derechos Humanos condena dilaciones en juicio contra jueza Afiuni
El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (Ibahri, por sus siglas en inglés) reitera su preocupación sobre las continuadas violaciones al debido proceso en el juicio a la jueza Maria Lourdes Afiuni. El pasado 21 de febrero la abogada recibió una citación para una audiencia judicial que tendría lugar al día siguiente.
Tras más de un año de suspensión del juicio, la audiencia se realizó el 22 de febrero, teniendo como antecedente una denuncia penal por denegación de justicia interpuesta por la jueza Afiuni el día 8 de febrero de 2019, contra el Juez asignado al caso, el Señor Manuel Bognanno. Durante la audiencia del 22 de febrero, el Juez Bognanno, presentó un resumen de audiencias anteriores y negó solicitudes realizadas por la defensa tiempo atrás, fijando otra audiencia para el próximo 15 de marzo.
La co-presidenta del Consejo de Ibahri, Anne Ramberg, dijo a través de una nota de prensa que el Instituto condena la citación intempestiva recibida por la doctora Afiuni en violación de su derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa.
La suspensión de su juicio desde el 31 de enero de 2018 recuerda el adagio 'la justicia que se retrasa es justicia que se niega', señaló.
El Ibahri destaca que el artículo 14.3 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos establece que "todas las personas tienen derecho a ser juzgadas sin dilaciones indebidas".
La institución considera inconcebible que la jueza Afiuni haya sido detenida por "cumplir sus deberes profesionales de acuerdo con las normas internacionales y que el proceso se haya extendido por más siete años, la pena máxima prevista para los delitos que se le atribuyen".
En diciembre de 2009, la doctora Afiuni fue detenida sin orden judicial, horas después de ordenar la libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, quien tenía casi tres años en prisión preventiva, en contraposición con el Código Procesal Penal Venezolano, que especifica un término máximo de dos años.
